La inversión del sector aumentó durante 2026 y nuevos proyectos podrían ampliar la actividad minera. La próxima gestión encontrará también 221 obras paralizadas y fuertes brechas en servicios básicos y primera infancia.
Redacción Vigilante (IMAGEN: VIGILANTE.PE)
Puno llegará al cambio de autoridades con una inversión minera en crecimiento, recursos del canon que ya forman parte de las cuentas regionales y problemas públicos que siguen sin resolverse. Entre enero y julio de 2026, la inversión del sector alcanzó US$81 millones, 50,9% más que en el mismo periodo de 2025. Además, cinco proyectos de exploración contemplan US$146,2 millones, de los cuales US$104,5 millones corresponden a Quenamari, de Minsur.
Hasta el 6 de octubre, el Gobierno Regional había recibido S/657,1 millones en transferencias del Estado, incluidos S/115 millones por canon y regalías mineras. La autoridad que resulte electa en la segunda vuelta entre Jhomar Tonconi, de ASI-Juntos por el Perú, y Eduardo Quispe, de Ahora Nación, recibirá estos recursos junto con obras públicas paralizadas y brechas persistentes en los servicios básicos.
La inversión pública muestra uno de esos problemas. A marzo de 2026, Puno era la segunda región del país con mayor número de obras paralizadas, después de Cusco. Entre ellas está el drenaje pluvial de Juliaca, a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, con 11,98% de avance y alrededor de S/628 millones todavía por ejecutar. La causal registrada es incumplimiento contractual. Mientras la obra permanece detenida, la necesidad para la que fue concebida sigue sin ser atendida.
En los hogares, las brechas son igualmente visibles. Solo 47% cuenta con los cuatro servicios básicos y apenas 9,4% dispone de agua adecuadamente clorada. La pobreza bajó de 39,9% en 2024 a 37,5% en 2025, pero todavía afecta a más de uno de cada tres habitantes. La situación más grave está en la primera infancia: el 75,4% de los niños de 6 a 35 meses tiene anemia.
El problema no es exclusivo de Puno. A marzo de 2026, más de ocho de cada diez obras públicas paralizadas del país estaban a cargo de gobiernos regionales y locales, según la Contraloría. En Puno, que ocupa el segundo lugar nacional con 221 proyectos detenidos, una mayor actividad minera puede ampliar los recursos disponibles para destrabar obras. Sin embargo, el financiamiento no basta: también se necesitan proyectos bien diseñados, capacidad de ejecución y una gestión que garantice que las inversiones se traduzcan en servicios para la población.
La próxima gestión asumirá una región con necesidades pendientes y oportunidades de crecimiento vinculadas a la minería. Además de mejorar la ejecución de los recursos públicos, tendrá que trabajar para que nuevas inversiones puedan avanzar y generen mayores oportunidades económicas para Puno.
