Por Agustin Ricci – lpderecho.pe
La senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular) realizó una visita de inspección a las instalaciones del aeródromo del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, con el propósito de fiscalizar los trabajos de rehabilitación valorizados en más de S/80 millones. Sin embargo, la parlamentaria reportó la paralización total de las labores en el lugar. «[Me encuentro] con una obra totalmente paralizada, abandonada. Ni un trabajador del consorcio, ni siquiera el supervisor de la obra del Consorcio CPS Geoconsult», declaró la legisladora, quien además precisó que la contratista ya percibió «más de S/24 millones» por parte del Estado.
Respecto al proceso de selección, Ampuero cuestionó la licitación pública adjudicada al Consorcio Argos, integrado por una empresa peruana y otra mexicana. Al respecto, la senadora señaló que la concesión de la buena pro presentó presuntas irregularidades desde su origen. «Obtuvo la buena pro de esta licitación de una manera absolutamente irregular, porque no cumplían los requisitos de las bases integradas», manifestó. En esa línea, atribuyó la responsabilidad del caso a «los funcionarios del MTC que se coludieron con los representantes del Consorcio ganador».
En relación con el control institucional de la obra, la legisladora hizo referencia a un pronunciamiento emitido en mayo del presente año por la Contraloría General de la República, en el cual se concluyó la existencia de indicios sobre la comisión del delito de negociación incompatible. No obstante, cuestionó la falta de acciones procesales posteriores. «¿Acaso ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público o la Procuraduría del MTC ha formulado la denuncia penal correspondiente? Lo real es que no han hecho absolutamente nada», aseveró.
Ante la situación referida, la parlamentaria anunció el inicio de acciones legales dirigidas contra los servidores públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los representantes del Consorcio Argos. «He tomado la firme decisión de presentar la denuncia penal correspondiente […]. ¿Por qué delitos? Los delitos de corrupción, colusión agravada y utilización de documentos falsos que tienen penas altas que pueden llegar hasta los 15 años de pena privativa de la libertad», sostuvo la senadora.
De manera complementaria, Ampuero comunicó que las medidas judiciales abarcarán al consorcio encargado de la supervisión de la infraestructura por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales de vigilancia. «Tomaremos acciones legales contra el ausente consorcio supervisor CPS Geoconsult», enfatizó la legisladora sobre la inasistencia del personal técnico en el aeródromo.
