Bagua Grande.–– Una reciente inspección realizada por la Contraloría General de la República reveló el crítico estado en el que operan las Comisarías Sectoriales de Bagua Grande y del distrito de Cajaruro, en la provincia de Utcubamba. Las conclusiones del órgano de control evidencian un abandono prolongado, infraestructura colapsada, equipamiento obsoleto y condiciones que ponen en riesgo la vida y la integridad del personal policial y los ciudadanos que acuden a estas dependencias.
Bagua Grande: filtraciones, hongos y riesgo estructural
En la Comisaría Sectorial de Bagua Grande, la Contraloría reportó que los ambientes presentan un avanzado deterioro estructural:
Humedad extrema y proliferación de hongos en techos debido a filtraciones constantes.
Pintura desgastada y desprendimientos en paredes y pisos.
Cableado eléctrico expuesto, generando riesgo de cortocircuitos o incendios.
Pisos deteriorados y áreas totalmente inseguras para el tránsito de efectivos y usuarios.
Además, la dependencia carece del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito indispensable para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Esta ausencia compromete seriamente la integridad de los agentes, el resguardo documental y la continuidad del servicio policial.
Cajaruro: infraestructura inhabitable y mobiliario precario
En la Comisaría de Cajaruro, la situación es aún más alarmante. El informe señala que la infraestructura está prácticamente inhabitable, con daños severos que imposibilitan un trabajo policial seguro:
Desprendimiento total del cielo raso y deterioro del techo, con riesgo inminente de caída.
Paredes en avanzado deterioro, con pintura desprendida y humedad permanente.
Ausencia de mobiliario básico y escasez de materiales indispensables de oficina.
Equipamiento informático reducido a equipos deteriorados: solo cuatro computadoras de escritorio, una laptop personal y una impresora, todas en estado regular.
Las carencias documentadas no solo afectan la seguridad del personal, sino que comprometen la atención al ciudadano y la capacidad operativa en una jurisdicción marcada por conflictos, delitos comunes y necesidades crecientes de vigilancia.
Promesas incumplidas y autoridades ausentes
Pese a los reiterados anuncios de apoyo por parte de los alcaldes de Cajaruro y Utcubamba —quienes afirmaron públicamente que destinarían recursos para mejorar las dependencias—, la ayuda nunca llegó. Con gestiones municipales próximas a culminar y marcadas por cuestionamientos, la situación de ambas comisarías permanece sin solución y en un estado que contraviene los estándares básicos de seguridad y servicio público.
Un llamado urgente a intervenir
Las conclusiones de la Contraloría ponen en agenda la necesidad inmediata de intervención del Ministerio del Interior y de los gobiernos locales y regionales. El deterioro de estas instalaciones no solo refleja una desatención institucional, sino que compromete la capacidad operativa de la Policía en dos de las zonas más importantes de la provincia de Utcubamba.
