Una nueva controversia política se registra en el distrito de Chachapoyas, región Amazonas, luego de que la ciudadana Clara Díaz Mestanza denunciara policialmente al candidato Francisco Ramos Santillán, vinculado a Alianza para el Progreso (APP), por presuntamente realizar pintas de propaganda política en una pared ubicada dentro de un predio que se encuentra en proceso judicial y con medida cautelar vigente.
Según relató la denunciante, el hecho ocurrió en un terreno ubicado en el sector Lucma – Urco, de aproximadamente 1,400 metros cuadrados, que forma parte de un predio mayor que mantiene un litigio con Enrique Torrejón Mori.
Pintas políticas sin autorización
De acuerdo con la versión de Clara Díaz Mestanza, la pared de su propiedad habría sido utilizada para propaganda política sin haber otorgado autorización alguna al candidato.
“El señor Francisco Ramos Santillán se fue a pintar una pared que yo no le he alquilado, ni le he prestado, ni le he autorizado que la pinte”, señaló la denunciante.
La propietaria explicó que inicialmente procedió a retirar la propaganda y repintar la pared de blanco, con el fin de evitar problemas legales. Sin embargo, días después —según afirma— la pared volvió a ser pintada con propaganda política del mismo candidato.
Predio tiene medida cautelar judicial
La preocupación de la denunciante radica en que el terreno se encuentra bajo una medida cautelar dictada por el Poder Judicial, la cual prohíbe realizar modificaciones o alteraciones en el inmueble mientras dure el proceso judicial.
Según indicó, la resolución judicial fue emitida el 3 de febrero de 2026 y establece que no se deben realizar pintas, rayados ni modificaciones en el predio.
“La jueza me indica que no debo pintar, ni rayar ni hacer ninguna modificación en ese predio. Imagínese que venga alguien y pinte propaganda política, yo estaría incumpliendo la ley”, explicó.
Por esta razón, Díaz Mestanza asegura que ha evitado intervenir en el terreno, precisamente para respetar la disposición judicial.
Posible vulneración de normas electorales
La denunciante también advirtió que la colocación de propaganda política sin autorización del propietario podría constituir una infracción a las normas establecidas por los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que regulan la propaganda electoral.
Según dichas disposiciones, toda propaganda en propiedad privada requiere autorización expresa del propietario o poseedor.
Llamado al candidato y a las autoridades
Ante esta situación, la ciudadana pidió que el candidato retire la propaganda y deje la pared en blanco, a fin de evitar que se vulneren tanto la medida cautelar judicial como las normas electorales.
“Que despinte y deje la pared blanca tal como ha estado, porque existe una medida cautelar”, manifestó.
Asimismo, cuestionó la conducta del candidato en medio del proceso electoral.
“Si siendo candidato no respeta los bienes y las propiedades ajenas, imagínese cómo sería si llega a ser autoridad”, expresó.
Posible investigación
El caso podría ser evaluado por las autoridades correspondientes si se formaliza la denuncia, ya que involucra un conflicto entre propaganda electoral, propiedad privada y una disposición judicial vigente.
Mientras tanto, el incidente se suma a las tensiones propias del actual clima político-electoral en la región Amazonas, donde la campaña ya empieza a generar controversias entre ciudadanos y candidatos.
