Amazonas.— La indignación ciudadana continúa en aumento tras conocerse que ya se han presentado denuncias formales ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público por presuntos hechos graves ocurridos en la Dirección Regional de Trabajo de Amazonas, relacionados con el uso indebido de recursos del Estado.
Según la información proporcionada por los denunciantes, las acciones cuestionadas involucran a Alicia Yudit Pedemonte Monteza, a quien —de acuerdo con documentación y testimonios presentados— se le atribuye percibir una remuneración cercana a los S/ 3,000, asumir funciones que no le corresponderían y ejercer un trato inapropiado y autoritario contra trabajadores y personal de la entidad.
No obstante, lo que ha generado mayor rechazo e indignación pública es la denuncia sobre el uso de la camioneta oficial y combustible financiado con dinero del Estado para fines personales, sin control, sin justificación documentada y sin una fiscalización efectiva por parte de las instancias internas responsables.
Asimismo, los ciudadanos alertan que no existiría un control real sobre comisiones de servicio, desplazamientos ni uso de bienes públicos, situación que —según señalan— se habría normalizado con el tiempo, permitiendo un manejo discrecional de recursos que pertenecen a todos los amazonenses y que podría configurar un grave perjuicio económico al Estado, extremo que deberá ser determinado por las autoridades competentes.
A estas acusaciones se suma el presunto favorecimiento en la búsqueda de proveedores, con servicios que habrían sido sobrevalorados, reforzando la percepción de una gestión irregular y carente de transparencia. Todo ello ocurriría —según los denunciantes— ante la aparente pasividad del director de la entidad, Michael Alvines, a quien también se le exige una explicación pública.
Los denunciantes han asegurado haber recopilado pruebas documentales, registros y testimonios, los cuales ya se encuentran en poder de la Contraloría y de la Fiscalía, instancias llamadas a investigar de manera exhaustiva, determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales, y actuar conforme a ley.
La población de Amazonas demanda respuestas inmediatas y acciones concretas. El uso de vehículos, combustible y dinero público para fines personales no puede ser tolerado. El silencio, la inacción y la falta de fiscalización también generan responsabilidad, y hoy la ciudadanía espera que los organismos de control actúen con firmeza y transparencia.
