La DIVINCRI Chachapoyas y la Fiscalía restituyeron cinco puestos a la comerciante Zenaida Marisol Zelada, tras un desalojo sin orden judicial ocurrido el 12 de octubre en el mercado conocido como “Moreno Urco” (frente al terminal de ETSA). El caso desató cuestionamientos por la presunta participación de Ronda Campesina y el supuesto aval de Serenazgo y comisaría, y puso sobre la mesa una demanda urgente: que la Municipalidad Provincial exija a los propietarios del mercado protocolos de seguridad, control de riesgos y convivencia.
De acuerdo con la denuncia presentada por la defensa de la comerciante, el retiro de mercadería y cierre de los puestos habría sido ejecutado por Leoncio Rómulo Paredes Pasapera y Lorenza Tuesta Silva, con apoyo de integrantes de la Ronda Campesina, sin mandamiento judicial. Durante la intervención se habría utilizado una camioneta blanca, placa M7D-904, en la que fueron cargadas pertenencias que, según imágenes remitidas a esta redacción, quedaron en parte abandonadas y otras habrían sido sustraídas.
Tras la denuncia del abogado Eber Humberto Cabañas López, la DIVINCRI —bajo la conducción del S.O. Cahua— y el fiscal Rodolfo Alva Rodríguez realizaron diligencias que permitieron restituir en tiempo breve los cinco puestos a su titular, conforme a las primeras actuaciones del caso. La investigación penal continuará para determinar responsabilidades por usurpación, daños y hurto, entre otros posibles delitos. Los señalados gozan de presunción de inocencia hasta sentencia firme.
El episodio desnuda la vulnerabilidad de un espacio comercial no formalizado: ausencia de protocolos de desalojo, falta de canales de mediación, inventarios y actas en disputas posesorias; inexistencia de planes de seguridad, brigadas de autoprotección, señalización de rutas de evacuación, cámaras operativas y un registro actualizado de propietarios/arrendatarios y responsables operativos.
A la par de la indagación fiscal, comerciantes y vecinos reclamaron que la Municipalidad Provincial de Chachapoyas imponga de inmediato a los propietarios del predio “Moreno Urco” la implementación de un Plan de Seguridad y Gestión de Riesgos:
Protocolo contra desalojos extrajudiciales y mecanismos de mediación;
Brigada y equipamiento básico (extintores vigentes, botiquines, iluminación de emergencia);
Control de accesos;
Señalización y rutas de evacuación;
Libro de ocurrencias y actas para controversias comerciales.
Según la parte denunciante, Subprefectura, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito habrían sido alertadas desde junio a agosto sobre tensiones en la zona sin que se otorgaran garantías efectivas, por lo que evalúan denuncias por omisión de funciones. Hasta el cierre, dichas entidades no habían emitido pronunciamiento público.
