Julio Chávez fue sentenciado por omitir la denuncia contra un funcionario de su gestión que exigió dinero al dueño de la empresa Flores Hermanos. El Poder Judicial lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Chávez enfrenta una pena de dos años y ocho meses de privación de la libertad. Foto: Difusión.
Very Navarro – Perú 21
El Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte obtuvo una sentencia condenatoria contra el exalcalde de San Martín de Porres (SMP), Julio Chávez, tras demostrarse que ignoró deliberadamente un acto de corrupción ocurrido dentro de su administración.
La investigación, liderada por el fiscal Aníbal Muñoz Olivares, determinó que la exautoridad distrital incurrió en el delito de omisión de denuncia.
Chávez tuvo conocimiento directo de que un servidor municipal, identificado como Plácido Ayala, le exigió la suma de 70 mil dólares al propietario de la empresa de transportes Flores Hermanos.
Dicho pago ilegal se solicitó a cambio de gestionar la reapertura del terminal terrestre de la empresa. A pesar de que el empresario afectado confrontó al entonces alcalde y le entregó un audio como prueba de la extorsión, Chávez no activó ningún mecanismo institucional ni informó a las autoridades competentes.
Ahora, Chávez enfrenta una pena de dos años y ocho meses de privación de la libertad, dos años de prohibición para ejercer cualquier cargo público y el pago como reparación civil de S/ 2,000 a favor del Estado.
El Ministerio Público acreditó que el exalcalde no elaboró actas, informes ni solicitó formalmente la evidencia entregada por el empresario.
Según la fiscalía, Chávez vulneró la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y los reglamentos internos (ROF y MOF), que le obligaban a cautelar los intereses de la entidad y denunciar cualquier acto ilícito cometido por sus subordinados.
«El exalcalde omitió deliberadamente denunciar el hecho, incumpliendo de forma consciente su deber legal», señaló la fiscalía durante el proceso.
El cómplice ya purga condena
Este caso ya tiene un antecedente de sanción. El año pasado, el fiscal Jorge Mauro García Juárez logró la condena de Plácido Ayala, el funcionario que solicitó la coima. Ayala fue sentenciado a tres años y diez meses de pena, convertida a jornadas de trabajo, por el delito de tráfico de influencias simulado.
Además de su condena, Ayala fue inhabilitado por más de ocho años y obligado a pagar una reparación civil de S/ 4,500.
