Chachapoyas / Lima. Una denuncia penal de alto impacto institucional ha sido interpuesta ante la Fiscalía de la Nación contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando directamente al titular del sector, Walter Eleodoro Martínez Laura, por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado peruano.
La denuncia fue presentada por el abogado Geisel Grandez Grandez, quien sustenta su acción en el ejercicio del derecho de vigilancia social y participación ciudadana, conforme al Código Procesal Penal y la Constitución. El documento sostiene que el ministro habría incumplido deliberadamente su deber legal al mantener en el cargo a la Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, pese a existir —según se expone— impedimentos legales expresos para su continuidad
DENUNCIA PENAL 2 A MINJUS (1)
Sentencia por delito doloso y permanencia cuestionada
De acuerdo con la denuncia, el 26 de enero de 2026 el 15.º Juzgado Penal de Lima Norte declaró culpable a la Procuradora General por el delito de omisión y rehusamiento de actos funcionales, acreditándose una conducta dolosa, al haberse ordenado negar información pública en reiteradas ocasiones. Aunque se dictó reserva de fallo condenatorio, el escrito enfatiza que ello no constituye una absolución, sino una declaración judicial de culpabilidad, lo que activaría el impedimento constitucional y legal para ejercer cargos de confianza en el Estado
DENUNCIA PENAL 2 A MINJUS (1)
La denuncia recuerda que el artículo 39-A de la Constitución y el Decreto Legislativo N.º 1326, que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, prohíben expresamente que una persona con sentencia por delito doloso continúe ejerciendo funciones públicas de esta naturaleza.
Omisión del ministro y presunto “blindaje”
El documento sostiene que, pese a tener pleno conocimiento de la sentencia, de las reglas de conducta impuestas a la funcionaria y de la culminación del periodo institucional del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (febrero de 2025), el ministro habría decidido mantenerla en el cargo, omitiendo ejecutar la remoción que la ley le faculta y obliga a realizar
DENUNCIA PENAL 2 A MINJUS (1)
Para el denunciante, esta conducta no sería discrecional, sino penalmente relevante, pues permitiría que una funcionaria con mandato vencido y condena por delito doloso continúe liderando la defensa jurídica del Estado, lo que —advierte— vicia de nulidad los actos de la Procuraduría y debilita seriamente la lucha contra la corrupción de alto nivel.
Un caso con repercusión nacional
La denuncia también hace referencia a reportajes periodísticos nacionales que evidenciarían la inacción de la Procuraduría General frente a presuntos actos de corrupción de altos funcionarios, reforzando la tesis de una omisión funcional reiterada. En ese contexto, se solicita al Ministerio Público que investigue penalmente al ministro y determine las responsabilidades correspondientes.
El caso abre un nuevo frente de debate sobre la idoneidad, legalidad y ética en los más altos cargos del sistema de justicia, y pone bajo escrutinio público el rol del Ministerio de Justicia en la defensa real —y no solo formal— de los intereses del Estado peruano.
