A 25 años del 11 de septiembre, las amenazas mutaron y ahora combinan terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y ataques digitales.
Por Jorge Céliz Kuong – Expreso
Hace veinticinco años, el mundo descubrió que una organización relativamente pequeña podía golpear el corazón de la principal potencia mundial. El 11 de septiembre de 2001 convirtió al terrorismo internacional en prioridad de la seguridad global.
Se reforzaron fronteras y controles. Sin embargo, quedó una paradoja: mientras los Estados perfeccionaban sus ejércitos, las amenazas aprendían a no parecerse a un ejército.
Ese es el desafío de 2026. El adversario puede no tener uniforme, bandera ni territorio. Puede ser una red criminal que mueve dinero entre continentes, una organización que controla una ruta del narcotráfico, una banda que domina una zona minera mediante armas y extorsión o un grupo que penetra sistemas informáticos. El campo de batalla se volvió invisible.
El Perú conoce esta mutación. Sendero Luminoso y el MRTA fueron derrotados como movimientos terroristas, pero la violencia no desapareció de todos los territorios donde encontró condiciones para crecer.
En el VRAEM, determinados remanentes armados se vincularon al narcotráfico. Hoy emerge otra amenaza: la minería ilegal convertida en plataforma del crimen organizado.
Pataz es una advertencia. La disputa por el control de socavones, oro y territorios ha venido acompañada de extorsiones, secuestros y sicariato.
El asesinato de 13 trabajadores en un socavón, ocurrido en mayo de 2025, mostró hasta dónde puede llegar esta combinación. El problema es controlar una economía que genera dinero, armas y corrupción.
Cobro de cupos, robo de mineral, tráfico de explosivos, lavado de activos y contratación de sicarios forman una cadena que busca controlar territorios y someter comunidades. Perseguir únicamente al ejecutor es insuficiente. Hay que identificar al financista y al comprador.
Algo similar ocurre con el narcotráfico. En 2025 se registraron 84.546 hectáreas de coca, 5,8% menos que en 2024. Es una señal positiva, pero no una victoria definitiva.
Mientras exista un mercado internacional rentable para la cocaína, continuarán los incentivos para producirla, transportarla y protegerla. Hay que desmontar la economía criminal. No hacerlo sería entregar territorios enteros al poder criminal organizado.
Mientras el Estado enfrenta estas amenazas territoriales, otro frente avanza por las pantallas. La inteligencia artificial, los ciberataques, la desinformación y el sabotaje digital están cambiando los conflictos.
Un puerto puede paralizarse sin un bombardeo; un hospital puede ser atacado sin que el agresor cruce la puerta; una elección puede ser manipulada sin alterar una papeleta. La vulnerabilidad está dentro de las redes que sostienen la vida cotidiana.
Por eso resulta insuficiente pensar la seguridad nacional con categorías del siglo pasado. El Perú necesita una política que conecte inteligencia, Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Aduanas, inteligencia financiera y capacidades digitales.
Debe perseguir el dinero ilícito, controlar explosivos, maquinaria y comercialización del oro, proteger infraestructura crítica y golpear simultáneamente a quienes ordenan, financian y ejecutan la violencia.
La seguridad tampoco se reduce a represión. Donde faltan justicia, empleo, infraestructura, educación y oportunidades, las economías ilegales encuentran terreno abonado.
Capturar sicarios sin desmontar las redes que los contratan es ganar una batalla para perder la siguiente. La presencia estatal debe ser permanente, no solamente militar durante una emergencia.
El 11 de septiembre dejó una advertencia vigente: las amenazas evolucionan mientras las instituciones permanecen inmóviles. El nuevo adversario puede ser terrorista, narcotraficante, minero ilegal, extorsionador, sicario o atacante digital, y todos pueden formar parte de una misma economía criminal.
La respuesta debe anticiparse. Inteligencia compartida, persecución financiera, control territorial, ciberseguridad, justicia eficaz y presencia estatal son la hoja de ruta. El Perú no necesita esperar la próxima crisis para reaccionar. Necesita decidir, desde ahora, si gobernará el futuro o seguirá corriendo detrás de él.
