La parlamentaria cuestionó al Gobierno Regional Amazonas, a la UNOPS y a la empresa contratista por la situación del esperado Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba. Durante una visita de fiscalización, aseguró que se habría pagado cerca del 96 % del valor de una obra superior a los 200 millones de soles, mientras que el avance físico, según su apreciación desde el exterior, no llegaría al 5 %. La senadora anunció que citará al gobernador Gilmer Horna Corrales y a representantes de la UNOPS ante el Congreso de la República.
Información elaborada a partir de las declaraciones de la senadora durante una entrevista en Bagua Grande. Los porcentajes y las acusaciones corresponden a su versión y requieren contraste documental.
Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas. Una grave controversia se ha generado en torno a la ejecución del proyecto del Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, luego de que la senadora de la República Katherine Ampuero denunciara públicamente que se le impidió ingresar a las instalaciones de la obra durante una visita de fiscalización.
La parlamentaria llegó hasta el exterior del establecimiento con la finalidad de verificar el estado de ejecución del proyecto, cuya culminación es esperada desde hace años por la población de Utcubamba.
Según sus declaraciones, trabajadores vinculados a la empresa contratista le comunicaron que no podía ingresar, pese a que había solicitado acceso en su condición de integrante del Parlamento.
Ampuero sostuvo que la negativa constituye una presunta obstaculización de sus funciones fiscalizadoras y anunció que presentará una denuncia penal para que las autoridades competentes determinen si se cometió algún delito.
¡Senadora convocó a la Fiscalía y a la Policía Nacional!
Uno de los momentos más tensos de la visita se produjo cuando, ante la negativa de ingreso, la parlamentaria solicitó la presencia de representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.
De acuerdo con su testimonio, ambas instituciones acudieron al lugar y presenciaron un nuevo intento de ingreso a la obra.
Sin embargo, aseguró que tampoco se permitió el acceso en presencia de las autoridades.
La senadora indicó que se procedía a levantar un acta para documentar los acontecimientos y sustentar las acciones legales anunciadas.
«Los senadores de la República tenemos la facultad constitucional de realizar fiscalización», manifestó Ampuero durante la entrevista.
La parlamentaria sostuvo que había acudido previamente informada sobre el proyecto y que su objetivo era corroborar las denuncias recibidas de la población.
Debe precisarse que la calificación penal de los hechos corresponderá a las autoridades competentes, una vez examinadas las circunstancias, las facultades legales de fiscalización y las razones invocadas para restringir el ingreso.
¡Denuncia pagos cercanos al 96 % y cuestiona el avance físico!
La declaración más delicada de Katherine Ampuero está relacionada con la diferencia que, según afirmó, existiría entre los pagos realizados y los trabajos efectivamente ejecutados.
La parlamentaria sostuvo que el hospital representa una inversión superior a los 200 millones de soles y que se habría pagado aproximadamente el 96 % del valor de la obra.
Al mismo tiempo, afirmó que, a partir de las fotografías tomadas desde el exterior, el avance físico que pudo observar no llegaría al 5 %.
Asimismo, manifestó que durante su visita no observó trabajadores realizando actividades de construcción.
Estas afirmaciones son especialmente graves y requieren una verificación inmediata mediante documentación presupuestal, contractual y técnica.
Es necesario conocer el monto efectivamente desembolsado, los conceptos de pago, las valorizaciones aprobadas, el avance físico certificado y las responsabilidades de cada entidad participante.
El porcentaje de desembolsos mencionado por la senadora no puede equipararse automáticamente con pagos directos al contratista por obra ejecutada, sin revisar los registros y contratos correspondientes.
Del mismo modo, una inspección visual desde el exterior no permite establecer por sí sola el porcentaje total de ejecución de un proyecto hospitalario.
Por ello, los datos expuestos por Ampuero deben ser contrastados con informes de supervisión, valorizaciones, cronogramas y documentación oficial.
¡UNOPS y empresa contratista bajo cuestionamiento!
Durante la entrevista, la senadora señaló que dos trabajadores de la empresa contratista le habrían manifestado que recibieron instrucciones de no permitirle el ingreso, atribuyendo esa decisión a comunicaciones con la UNOPS.
La parlamentaria también afirmó que se había informado al gobernador regional sobre su presencia en el lugar.
Ampuero cuestionó el papel de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo internacional vinculado a la gestión del proyecto hospitalario.
Sostuvo que una institución que promueve estándares de transparencia debe explicar las razones por las cuales no se permitió la inspección solicitada.
También anunció que convocará a sus representantes para que informen sobre la administración y ejecución de la inversión.
Las acusaciones de corrupción expresadas por la parlamentaria constituyen señalamientos que deberán ser investigados. La información de la entrevista no acredita, por sí misma, que la UNOPS, la empresa contratista o funcionarios regionales hayan cometido delitos.
¡Gobernador Gilmer Horna será convocado al Congreso!
Katherine Ampuero informó que logró comunicarse telefónicamente con el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, durante su visita a Bagua Grande.
Según relató, colocó la conversación en altavoz para que pudieran escucharla los representantes del Ministerio Público, efectivos policiales y otras personas presentes.
La senadora manifestó que informó al gobernador sobre la negativa de ingreso y las irregularidades que consideraba haber encontrado.
Asimismo, anunció que lo convocará al Congreso de la República para que explique la situación del proyecto hospitalario.
Ampuero señaló que impulsará estas acciones en su condición de presidenta de la Comisión de Justicia e integrante de la comisión vinculada a modernización del Estado y control gubernamental, según las funciones parlamentarias que mencionó durante la entrevista.
También anunció que solicitará explicaciones a representantes de la UNOPS y que comunicará sus cuestionamientos sobre la empresa contratista a la Embajada de China en el Perú.
Las citaciones y denuncias fueron anunciadas por la parlamentaria; la entrevista no acredita que ya hayan sido formalmente presentadas o tramitadas.
¡Utcubamba sigue esperando su hospital!
El caso tiene especial importancia para Bagua Grande y toda la provincia de Utcubamba, cuya población reclama desde hace años mejores servicios hospitalarios.
Durante la entrevista se recordó que numerosos pacientes deben ser referidos hacia establecimientos de mayor capacidad resolutiva, incluso fuera de la región, debido a las limitaciones de la atención especializada disponible.
La demora en contar con infraestructura hospitalaria adecuada representa una preocupación para miles de familias.
La senadora expresó su pesimismo sobre una pronta culminación del proyecto, aunque no presentó en la entrevista un cronograma técnico actualizado que permita determinar una nueva fecha de entrega.
Por ello, corresponde exigir al Gobierno Regional Amazonas, a la UNOPS y a la empresa contratista una explicación pública sobre el avance físico y financiero, el estado contractual, las dificultades existentes y las medidas para asegurar la continuidad de la inversión.
¡La población exige documentos y resultados!
La controversia abierta por la visita de Katherine Ampuero plantea interrogantes que requieren respuestas concretas:
– ¿Cuánto dinero ha sido efectivamente desembolsado y a quiénes?
– ¿Cuál es el avance físico certificado del Hospital Santiago Apóstol?
– ¿Por qué no se permitió el ingreso de la parlamentaria y quién tomó esa decisión?
– ¿Cuál es la situación contractual de la empresa ejecutora y de la supervisión?
– ¿Qué cronograma y financiamiento existen para culminar el hospital?
El esclarecimiento de estos hechos debe sustentarse en documentos oficiales y en la actuación de los organismos competentes, garantizando el derecho de defensa de todas las partes involucradas.
