IPE hizo una revisión sobre las propuestas de partidos en caso ganen las elecciones.
Minería ilegal afecta al país.
Fabiana Sanchez – Perú 21
Las exportaciones de oro ilegal superaron los US$11,500 millones en 2025, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Dicho moneot es 6.5 veces mayor que el que se registraba hace un década, y 55% superior a 2024.
«Las denuncias por minería ilegal en el Ministerio Público se duplicaron de 1,266 a 2,601 a nivel nacional entre 2021 y 2025. Estos incrementos fueron aún más pronunciados en regiones con alta presencia de minería ilegal como La Libertad (de 146 a 419), Cajamarca (de 33 a 260) y Madre de Dios (de 245 a 427)», indicó.
En ese sentido, indicó que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a esta actividad, hechos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron US$6,036 millones, más de 4 veces el valor en 2024 (US$1,407 millones). Más aún, entre 2016 y 2025, este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de solo tres veces en el resto de ROS vinculados a otros delitos.
«Esta dinámica responde, en parte, al alza del precio del oro, que superó los US$4,500 por onza en 2025, y a la limitada capacidad del Estado para controlar economías ilegales que incluso se superponen en un mismo territorio. Esto ocurre en zonas como Pataz o Tambopata, donde la minería ilegal coexiste con el narcotráfico», añadió.
El avance de esta actividad ya afecta inversiones mineras formales por más de US$12,000 millones (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac) y ha deteriorado la competitividad del país. Según el Instituto Fraser, pese a los altos precios de los metales, el Perú pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025.
PROPUESTAS
El IPE informó que haa revisado las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) en siete ejes prioritarios para combatir la minería ilegal: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado. FP presenta propuestas alineadas en seis ejes, JPP en dos y RP en solo uno.
En el eje de formalización, la omisión más grave es que ninguno propone eliminar el Reinfo, ni establecer plazos improrrogables, pese a que solo el 2.4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década.
Adicionalmente, JPP plantea basar la formalización en cooperativas y «parques mineros» bajo tutela estatal, replicando un modelo boliviano cuestionado: en 2017, las cooperativas de ese país habrían producido el 99% del oro registrado, pero solo explicaron el 0.6% del valor exportado, lo que evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo según la Fundación Milenio de ese país.
En trazabilidad, Juntos por el Perú propone intervención estatal directa en la comercialización del oro. Incluso plantea la exclusividad estatal en esta comercialización. Estas propuestas son perjudiciales, pues desnaturalizan la función del Estado y, sin trazabilidad robusta, terminaría legitimando la producción ilegal.
Por su parte, las dos agrupaciones coinciden en reducir plazos de concesiones mineras. Ninguna de estas propuestas resulta técnicamente adecuada para fortalecer la presencia del Estado en territorios afectados por la minería ilegal.
Estas medidas desconocen que un proyecto minero tarda en promedio 40 años en iniciar producción e introducen una incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión formal y facilita la ocupación ilegal del territorio.
A ello se suma la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI. Es preciso recordar que hacer más complejo el camino para ser formal solo hace más fácil el camino para las actividades informales e ilegales.
