Acusación fiscal avanza hacia fase decisiva con múltiples implicados en investigación.
Por Geraldo Capillo – Expreso
El Poder Judicial dispuso llevar a juicio oral a Fiorella Molinelli Aristondo y a otros 12 implicados en el denominado caso Chinchero, en el que la Fiscalía los acusa por el presunto delito de colusión agravada vinculado a la suscripción de una adenda en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.
La jueza del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima emitió el auto de enjuiciamiento tras evaluar el requerimiento acusatorio del Ministerio Público. En su resolución, la magistrada determinó que la imputación fiscal presenta claridad y precisión suficientes, por lo que ordenó el pase del caso a la etapa de juzgamiento.
El fallo judicial estableció que el proceso se desarrollará ante el Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que se encargará de evaluar las responsabilidades penales de los acusados en el marco del proceso oral.
De acuerdo con el documento, Fiorella Molinelli figura como presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
La Fiscalía solicitó para los 13 procesados una pena de 10 años de prisión, así como 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, planteó la imposición de 487 días multa, calculados sobre el 25% de los ingresos diarios de cada acusado. El requerimiento fiscal también incluyó el pago de una reparación civil solidaria ascendente a 268 millones 545 mil 974 dólares.
De ese monto, 168 millones 545 mil 974 dólares corresponden a daño patrimonial y 100 mil dólares a daño extrapatrimonial.
Tras la emisión del auto de enjuiciamiento, la defensa legal de Fiorella Molinelli confirmó la notificación de la resolución judicial, aunque advirtió que el inicio del juicio podría retrasarse debido a los recursos presentados.
El abogado Roberto Pereira explicó que su equipo interpuso apelaciones contra decisiones adoptadas durante la etapa de control de acusación.
El letrado también sostuvo que la defensa presentó una excepción de improcedencia de acción al considerar que los hechos imputados carecen de elementos de ilicitud.
Pereira precisó que ambas excepciones fueron rechazadas en primera instancia y actualmente se encuentran en evaluación por una sala superior, lo que podría incidir en los plazos del proceso judicial.
Con esta decisión, el Poder Judicial abrió la etapa decisiva del caso Chinchero, un proceso que ahora se trasladará al juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades penales de los implicados bajo los cargos formulados por el Ministerio Público.
