La fiscal anticorrupción de Loreto enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Reportes financieros, compras de vehículos al contado y propiedades no declaradas forman parte de los cuestionamientos.
Willax TV
Fiscal Celina Otero, investigada por presunto enriquecimiento ilícito en Loreto.
Celina Otero, fiscal provincial de Loreto
En Iquitos, Loreto, la fiscal provincial Celina Ysabel Otero Amasifuén, coordinadora de las fiscalías anticorrupción de la región, enfrenta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. Reportes financieros, compras de vehículos al contado y propiedades presuntamente no declaradas forman parte de los documentos que sustentan los cuestionamientos. La magistrada rechaza las acusaciones y asegura que la información difundida es falsa.
¿Qué detectó la SBS sobre el dinero de la fiscal Celina Otero?
Todo comenzó con un reporte de operaciones sospechosas emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La alerta financiera identificó que la fiscal Otero y su cónyuge, el abogado Carlos Enrique Morales Guzmán, desembolsaron más de 150 mil soles en efectivo en un período de cinco meses, entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
El primer movimiento llamativo ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando ambos acudieron a la automotriz Autoland, en Surco, Lima, para adquirir una camioneta Ford Territory cero kilómetros, modelo 2025, valorizada en 29 mil 490 dólares.
La modalidad de pago llamó la atención de los investigadores: entregaron 13 mil 490 dólares en efectivo, realizaron una transferencia de mil dólares ese mismo día y, seis días después, completaron los 15 mil dólares restantes mediante otra transferencia bancaria.
Apenas cinco meses después, el 5 de abril de 2025, la pareja adquirió un segundo vehículo: una camioneta de la marca Geely, también pagada al contado.
Sin embargo, uno de los detalles más llamativos registrados en la investigación fue el destino del dinero. Los 26 mil soles no fueron entregados al anterior propietario del vehículo, sino depositados en la cuenta de ahorros de Edwin Ocampo Abreu, trabajador de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, en Loreto.
¿Por qué se le acusa de ocultar propiedades y utilizar empresas de fachada?
La investigación también pone bajo la lupa a varias empresas comerciales que, presuntamente, habrían sido constituidas o adquiridas para dar apariencia de legalidad a determinados movimientos económicos.
Entre ellas figuran Morales Guzmán & Asociados E.I.R.L., Droguería F&C E.I.R.L. y Medic HML E.I.R.L.
Esta última, según la información consignada en el expediente, registra en la SUNAT una baja de oficio por no contar con un domicilio ubicado ni acreditar actividad económica real.
Estos elementos forman parte de las sospechas sobre el presunto uso de sociedades comerciales para justificar operaciones financieras que actualmente son materia de investigación.
Pero las camionetas no serían los únicos bienes cuestionados. En sus declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría, la fiscal Otero habría omitido consignar diversas propiedades vinculadas a su cónyuge.
Esta presunta omisión constituye uno de los puntos centrales de la investigación por enriquecimiento ilícito, debido a que podría evidenciar una diferencia entre el patrimonio declarado oficialmente y los bienes vinculados a su entorno familiar.
Pese a los cuestionamientos, la fiscal niega las imputaciones y rechaza la información difundida sobre su patrimonio.
Sin embargo, los reportes de inteligencia financiera, las escrituras públicas de compraventa y las actas judiciales incorporadas a los expedientes forman parte de los elementos documentales que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
¿Cómo operaría el presunto blindaje a Fernando Meléndez?
Los cuestionamientos contra Celina Otero no se limitan a su situación patrimonial. En Iquitos, la magistrada también ha sido señalada como una fiscal que archivaría investigaciones vinculadas al exgobernador regional de Loreto y actual candidato a repetir el cargo, Fernando Meléndez Celis.
Sobre el político pesan más de 180 denuncias por presuntos actos de corrupción, según la información consignada en la investigación periodística de ‘Contra Corriente’.
¿Cómo operaría este supuesto blindaje? Según los cuestionamientos recogidos en el expediente, Otero no archivaría directamente las denuncias, sino que utilizaría un particular modus operandi: formular denuncias y acusaciones fiscales presuntamente débiles o imprecisas, que terminarían siendo desestimadas por los jueces.
Uno de los episodios señalados ocurrió el 18 de septiembre último, durante una audiencia pública por el presunto delito de peculado doloso contra Fernando Meléndez, relacionado con el despojo del denominado ‘Fundo Esperanza’.
Según el acta a la que Contra Corriente accedió en exclusiva, la fiscal Celina Otero participó en representación del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador formuló un pedido que se siguió por la intervención fiscal. Posteriormente, el juez Gino Giovanni Tello Dantas declaró fundada la excepción de improcedencia de acción y ordenó el sobreseimiento definitivo del caso.
La actuación fiscal durante esa audiencia constituye uno de los principales cuestionamientos sobre el manejo de esta investigación.
Este presunto patrón también se señaló en otros expedientes sensibles, como las investigaciones relacionadas con el entorno de ‘Los Pijuayos’ y el caso del recorte de sueldos en el Congreso, que involucra a Rosio Torres Salinas, esposa de Fernando Meléndez.
En estos procesos, los cuestionamientos apuntan a que las investigaciones habrían terminado paralizadas, fragmentadas o cerradas sin alcanzar el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Fiscal Celina Otero rechaza las acusaciones
La fiscal provincial mantiene una posición tajante frente a los cuestionamientos y niega las imputaciones en su contra.
No obstante, los reportes de inteligencia financiera, las escrituras públicas de compraventa y las actas judiciales forman parte de los documentos que sustentan los cuestionamientos periodísticos y tendrán que contrastarse en el marco de las investigaciones correspondientes.
El caso de Celina Otero plantea interrogantes sobre la transparencia patrimonial y el desempeño de quienes tienen a su cargo la persecución de los delitos de corrupción en Loreto.
La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en las operaciones financieras, omisiones patrimoniales o actuaciones fiscales que favorecieron indebidamente a terceros.




