Senado de la República. Lima: La controversia por las restricciones de acceso denunciadas durante la visita de fiscalización de la senadora Katherine Milagros Ampuero Meza a la obra del Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande llegó al debate parlamentario, donde el senador Francisco Giampietri formuló severos cuestionamientos al gobernador regional de Amazonas, Gilmer Wilson Horna Corrales.
Durante su intervención, el legislador sostuvo que la función de representación y fiscalización parlamentaria no puede quedar subordinada a condiciones administrativas arbitrarias que impidan verificar la ejecución de recursos públicos.
El pronunciamiento se produjo en el contexto de una llamada de atención relacionada con las dificultades que, según la denuncia presentada, enfrentó la senadora Ampuero para ingresar al proyecto hospitalario ejecutado mediante convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS.
¡GIAMPIETRI INVOCA EL ARTÍCULO 9 SOBRE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA!
El senador inició su intervención citando el artículo 9 de la normativa parlamentaria que, según su exposición, establece que la función de representación comprende la interacción con la población para conocer sus inquietudes y expectativas sobre asuntos de interés público.
A partir de esa disposición, cuestionó la respuesta que habría ofrecido el gobernador Gilmer Horna a la senadora Katherine Ampuero sobre la existencia de protocolos para realizar labores de fiscalización.
«Las acciones de los senadores y diputados no cuentan con protocolos establecidos. Yo no sé de dónde ha sacado usted eso, porque usted lo ha contestado así a la señora senadora», manifestó Giampietri.
El legislador sostuvo que la ejecución presupuestal constituye un asunto de interés público y que los funcionarios están sujetos al control correspondiente.
Su posición plantea que los procedimientos administrativos no deben utilizarse para impedir el ejercicio de las competencias parlamentarias.
Sin embargo, ello no elimina la obligación de cumplir las medidas legítimas de seguridad y prevención de riesgos para ingresar a instalaciones de construcción.
¡CORREO DE UNOPS SEÑALARÍA QUE EL GOBIERNO REGIONAL AUTORIZA EL INGRESO!
Uno de los momentos centrales de la intervención fue la referencia a un correo electrónico atribuido a UNOPS.
Según Giampietri, la comunicación establecía que el acceso a la obra estaba sujeto a protocolos de seguridad y a las autorizaciones correspondientes del Gobierno Regional de Amazonas.
«El acceso está sujeto a protocolos de seguridad […] y a las autorizaciones correspondientes del Gobierno Regional de Amazonas. UNOPS lo dice, no lo digo yo», expresó.
El senador reconoció que las exigencias de seguridad son necesarias en una obra de construcción, pero cuestionó que se invocaran para justificar restricciones que, según su interpretación, impidieron la fiscalización parlamentaria.
La declaración resulta relevante porque sitúa en el centro de la controversia la actuación del Gobierno Regional de Amazonas respecto de las autorizaciones de ingreso.
No obstante, para determinar el alcance jurídico de esa responsabilidad es necesario examinar el correo completo, las condiciones del convenio y las comunicaciones intercambiadas durante la visita.
¡ACUSA AL GOBERNADOR DE OBSTACULIZAR LA FISCALIZACIÓN!
Dirigiéndose al gobernador regional, Giampietri sostuvo que las restricciones denunciadas habrían afectado las atribuciones de una integrante del Senado.
«Usted […] ha impedido la función de fiscalización de una senadora de la República, y eso es ilegal», afirmó durante su intervención.
El legislador consideró que la situación vulneraría la Constitución y el reglamento parlamentario.
La controversia deberá esclarecerse mediante las comunicaciones oficiales, las circunstancias concretas de la visita y las normas aplicables.
¡TRES SENADORES RESPALDAN EL RECLAMO POR LA FISCALIZACIÓN!
De acuerdo con la información proporcionada, el cuestionamiento a las restricciones denunciadas contó con el respaldo de legisladores de distintas organizaciones políticas:
Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular.
Francisco Giampietri, de Renovación Popular.
Carlos Caballero, del Partido del Buen Gobierno.
Durante su intervención, Giampietri agradeció al senador Caballero por haber llevado el caso al debate, pese a que la senadora Katherine Ampuero no pertenece a su misma organización política.
El legislador sostuvo que el reclamo trasciende las diferencias partidarias porque está relacionado con la defensa de las atribuciones del Congreso.
¡ADVIERTEN ACCIONES PARA DEFENDER LOS FUEROS PARLAMENTARIOS!
Giampietri anunció que actuarían en consecuencia para preservar la capacidad de control del Senado y de la Cámara de Diputados.
«Nosotros actuaremos en consecuencia […] a efectos de mantener la capacidad de control del Senado de la República y lo de nuestros señores diputados», señaló.
El anuncio no identifica en la intervención una medida específica ya presentada o aprobada.
Por ello, corresponderá conocer si el Senado adopta acuerdos formales, formula nuevos requerimientos de información o promueve otras acciones dentro de sus competencias.
¡EL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL CONTINÚA EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA!
El pronunciamiento parlamentario se produce mientras crecen los reclamos ciudadanos por la situación del proyecto hospitalario de Bagua Grande.
Las rondas campesinas y el Frente de Defensa de Utcubamba han exigido al gobernador Gilmer Horna una fecha concreta de reactivación y un cronograma actualizado de ejecución.
Asimismo, la fiscalización de la senadora Katherine Ampuero ha generado cuestionamientos públicos sobre los avances y la administración de los recursos del proyecto.
En este escenario, el Gobierno Regional de Amazonas y UNOPS deben proporcionar información verificable sobre el estado de la obra, los desembolsos, las obligaciones contractuales y las condiciones de acceso para las autoridades fiscalizadoras.
¡LA SEGURIDAD EN UNA OBRA ES OBLIGATORIA, PERO NO DEBE CONVERTIRSE EN UNA EXCUSA PARA EVITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS!
El caso plantea la necesidad de establecer mecanismos claros que permitan las visitas de fiscalización, respetando tanto las atribuciones de las autoridades como las medidas de seguridad exigibles.
La ciudadanía de Utcubamba espera que el debate parlamentario contribuya a esclarecer la situación del hospital y, sobre todo, a impulsar soluciones concretas para su ejecución.
