Edwin Cavello Limas – Lima Gris
El nuevo derrumbe ocurrido en la fortaleza de Kuélap no solo ha removido piedras. Ha removido, sobre todo, una pregunta incómoda: ¿qué hizo el Estado con los más de nueve millones de soles que el Ministerio de Cultura anunció en 2025 para investigaciones y trabajos de conservación en uno de los monumentos más importantes del Perú prehispánico?
La respuesta, por ahora, parece tan clara como dolorosa: poco o nada. Esta semana el gobierno declaró en emergencia el complejo arqueológico mediante la Resolución Viceministerial N.° 000049-2026-VMPCIC/MC. Una medida tardía que llega después de años de advertencias, informes técnicos, denuncias de especialistas y reclamos de los propios pobladores de Amazonas. En otras palabras: el Estado reacciona cuando Kuélap colapsa.
El discurso oficial habla de “acciones inmediatas”, “planes de intervención” y “protección del patrimonio”. Pero esas palabras ya las escuchamos antes. Las escuchamos cuando el cuestionado arqueólogo José Bastante fue designado en 2023 para liderar la recuperación de Kuélap, el mayor legado de la cultura Chachapoya. En ese momento se prometió ciencia, conservación y planificación. Tres años después, lo único que se acumula son derrumbes.
La pregunta es inevitable: ¿en qué se gastaron los millones?
Porque nueve millones de soles no son una cifra simbólica. Es un presupuesto que debería reflejarse en trabajos visibles, estudios consistentes, infraestructura preventiva y monitoreo permanente. Sin embargo, lo que vemos hoy es una fortaleza que sigue perdiendo muros, piedra por piedra, mientras el Estado produce resoluciones y comunicados.
Kuélap no se está cayendo de un día para otro. Su deterioro fue advertido durante años por arqueólogos, ingenieros y especialistas en conservación. También por los pobladores que viven alrededor del sitio y que han visto, con impotencia, cómo la burocracia limeña gestiona el patrimonio como si fuera un expediente más.
La declaración de emergencia suena a parche político. Una reacción administrativa para intentar contener el escándalo. Pero el problema es más profundo: la gestión del patrimonio en el Perú sigue atrapada entre la improvisación, la opacidad y la rotación constante de funcionarios.
Hoy Kuélap vuelve a derrumbarse. Y con cada piedra que cae, también se derrumba la credibilidad del Estado. ¿Hará algo la ministra Fátima Altabás?
Y la gran pregunta ¿En qué se gastó los nueve millones de soles?
