Acusación fiscal por hechos ocurridos en un colegio de Moquegua pone en riesgo el futuro político de la parlamentaria de Juntos por el Perú.
Por Roberto Sánchez R. – Expreso
Otra controversia alcanza a la diputada izquierdista Graciela Chipana Condori, de Juntos por el Perú, quien afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA).
El caso se remonta a abril de 2025, cuando la parlamentaria trabajaba como docente de educación inicial en el colegio estatal San Antonio de Padua, en Moquegua. Según la acusación fiscal, la entonces profesora cuestionó el ingreso del menor a su aula y sostuvo que necesitaba una “maestra sombra” que lo acompañara permanentemente.
El padre del niño, quien trabaja como taxista y cuenta con escasos recursos económicos, respondió que no podía pagar a una asistente particular y que únicamente buscaba garantizar el acceso de su hijo a la educación pública.
La Fiscalía considera que estos hechos vulneraron los derechos a la igualdad y al trato digno del menor, por lo que solicita una condena penal y la inhabilitación de Chipana para ejercer cargos públicos.
La investigación, difundida por el dominical ‘Cuarto Poder’, incluye una grabación de audio que recoge parte del intercambio entre la docente y los padres.
En el registro, Graciela Chipana manifiesta: “Yo quiero que entiendan esto: ni yo conozco al niño. No sé… no se comunica con el lenguaje normal, hace gestos, y eso para mí es desgastante”.
Luego insiste en la necesidad de una persona que acompañe exclusivamente al menor. A esta evidencia se suma el testimonio de una auxiliar del plantel, quien declaró que la profesora cerró la puerta del aula al niño al inicio de las clases y lo dejó en el patio.
Según esa versión, la docente también recomendó a los padres buscar otro colegio si no podían costear una asistente particular. La denuncia, sin embargo, no la presentó el padre del menor, sino la directora de la institución educativa estatal.
La defensa de la congresista, a cargo del exfiscal José Domingo Pérez y del abogado Aldo Alvarez Hurtado, sostiene que la actuación de Chipana respondió a una preocupación por las necesidades del alumno y no a una conducta discriminatoria.
Mientras el proceso avanza en la etapa de actuación probatoria, Chipana afirma que acudirá a las citaciones judiciales para defender su inocencia. El juicio podría concluir en los próximos tres meses, según la información proporcionada sobre el caso.
Sentencia de inhabilitación podría comprometer continuidad de legisladora
Una eventual sentencia condenatoria con inhabilitación podría comprometer la continuidad de la legisladora en el cargo que acaba de asumir. Por ahora, la Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones ante el órgano judicial, mientras la defensa tendrá la oportunidad de rebatirlas.
El desenlace determinará si los hechos denunciados configuran el delito imputado y si corresponde imponer las sanciones solicitadas por el Ministerio Público.
