De otorgarle esa inmerecida gracia, el escenario electoral quedaría muy distorsionado, presumiblemente en beneficio del congresista Sánchez, quien según algunos observadores contaría con un refuerzo para su campaña.
Editorial Perú21
El allanamiento del camino para abrirle las puertas del penal de Barbadillo al golpista Pedro Castillo –quien intentó copar los poderes del Estado e instaurar una dictadura en el país– es un indicador bastante claro del valor que le dan en la izquierda a la democracia.
El ministro de Justicia, Luis Jiménez, ha salido a negar los objetivos de la resolución que modificó la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales, instancia técnica que elabora el informe que recomienda la excarcelación y perdón de la pena de un sentenciado.
La incorporación, sin embargo, de una funcionaria chotana a todas luces afín al golpista ratifica, una vez más, que la modalidad de este gobierno es afirmar una cosa en público mientras, bajo la mesa, se dedica a hacer lo contrario. No sería la primera vez, las sospechas se justifican ampliamente. El nombramiento de esta funcionaria debe ser seguido atentamente por la opinión pública.
Hablamos de una grotesca maniobra en favor de este inquilino de la Diroes, a quien justamente se le acaba de rechazar una primera solicitud de indulto. Pero, pensando seguro que no hay primera sin segunda, en Palacio han movido fichas para facilitarle un nuevo intento.
De otorgarle esa inmerecida gracia, el escenario electoral quedaría muy distorsionado, presumiblemente en beneficio del congresista Sánchez, quien según algunos observadores contaría con un refuerzo para su campaña.
El presidente José Balcázar debe recordar que su tarea es asegurar un proceso electoral transparente. El mandato que recibió este gobierno interino es pasarle la posta el 28 de julio al presidente de la república que los peruanos hayan elegido en comicios limpios y rigurosos, sin intromisiones de ningún tipo.
Concederle el indulto a un expresidente que abierta y torpemente buscó quebrantar la democracia, sin que siquiera se haya arrepentido ni haya terminado de responder sobre los cargos de corrupción que lo empujaron a hacerlo, sería debilitar severamente el Estado de derecho en el Perú. Un insulto a los peruanos de ley que confían en las instituciones del Estado.
