El Tingo (Amazonas).— La crisis del III Eje Vial sigue profundizándose. Esta vez, trabajadores del Consorcio Vial Kuelap inmovilizaron maquinaria pesada en la localidad de El Tingo, en protesta por una deuda salarial superior a mes y medio, situación que ha generado indignación y sospechas de una retirada irregular de equipos por parte de la empresa.
Según denunciaron los propios obreros, el consorcio no les ha cancelado sus remuneraciones, pese a que continuaron laborando en condiciones adversas y en una obra ya cuestionada por incumplimientos contractuales. La medida de fuerza —inmovilizar la maquinaria— busca garantizar el pago de lo adeudado y evitar que los equipos sean retirados sin asumir responsabilidades laborales.
Retiro nocturno genera sospechas
Los trabajadores advirtieron que, durante la noche, el consorcio habría retirado más maquinaria pesada del campamento, hecho que ha sido interpretado como un intento de abandonar la obra tras la rescisión contractual dispuesta por el Gobierno Regional de Amazonas. “Se han llevado equipos como si estuvieran fugando”, señalaron, expresando temor de que la empresa se retire sin pagar a su personal.
Este nuevo episodio se suma a la cadena de irregularidades que rodean al proyecto: paralización de tramos, abandono de frentes de trabajo, rescisión tardía del contrato y más de S/ 315 millones girados sin una carretera funcional.
Exigen intervención inmediata
Los trabajadores demandan:
Pago inmediato de los sueldos adeudados.
Intervención del Ministerio de Trabajo para verificar la situación laboral.
Acción del Gobierno Regional para garantizar derechos laborales y resguardar los bienes del Estado.
La situación también plantea interrogantes sobre el control del retiro de maquinaria y la custodia de los activos vinculados a la obra, en un contexto donde el proyecto podría ingresar a procesos arbitrales prolongados.
Opinión editorial
El conflicto laboral expone el rostro humano del fracaso del III Eje Vial. No solo hay pueblos aislados y recursos públicos comprometidos, sino trabajadores impagos y una empresa que, según denuncian, retira equipos en silencio. La autoridad regional debe actuar de inmediato para evitar que la crisis derive en impunidad laboral y patrimonial.
