PCM admite que este delito mueve diez veces más dinero que el narcotráfico mientras el presupuesto para combatirlo sigue siendo insuficiente
La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas económicas, ambientales y sociales del país. Así lo reconoció el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García, quien reveló una preocupante realidad: esta actividad ilícita genera actualmente un impacto económico diez veces superior al narcotráfico, pero durante años fue enfrentada con un presupuesto diez veces menor.
Durante su participación en el encuentro minero ProExplo 2026, el funcionario explicó que la minería ilegal mueve alrededor de 12 mil millones de dólares anuales, consolidándose como una poderosa economía criminal que ha logrado expandirse en diversas regiones del Perú, incluyendo Amazonas.
García detalló que mientras el Estado destinó apenas 70 millones de soles para combatir la minería ilegal el año pasado, la lucha contra el narcotráfico recibió cerca de 700 millones de soles. Para el presente año 2026, el presupuesto se incrementó a 178 millones de soles; sin embargo, reconoció que la cifra sigue siendo insuficiente frente al enorme poder económico que manejan estas organizaciones ilegales.
Pese a ello, el Ejecutivo aseguró haber intensificado las acciones operativas. Según informó, en los últimos dos años las interdicciones mensuales se duplicaron, pasando de 62 operativos en promedio durante 2024 a más de 130 intervenciones mensuales en 2026.
Como resultado de estas acciones, el Estado logró ejecutar más de 2 mil 300 operativos y decomisar maquinaria, equipos e insumos valorizados en aproximadamente 7 mil millones de soles, afectando redes criminales instaladas en regiones críticas como Madre de Dios, Loreto y Amazonas.
No obstante, el alto comisionado advirtió que destruir maquinaria no resolverá por sí sola el problema. Incluso comparó las interdicciones con “un jarabe para la fiebre”, señalando que la solución real pasa por una estrategia integral que incluya control territorial efectivo, formalización minera y alternativas económicas para las poblaciones que actualmente dependen de esta actividad ilícita.
Las declaraciones de la PCM vuelven a poner en debate la capacidad del Estado para enfrentar una economía ilegal que continúa creciendo silenciosamente y que amenaza no solo el medio ambiente, sino también la seguridad, la institucionalidad y el futuro de muchas regiones del país.
