Exfuncionario público supuestamente había entregado este documento para probar que no fugaría del país mientras es investigado por colusión.
Alvaro Reyes Quinteros – Perú 21
El Ministerio Público encontró un pasaporte vigente en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el investigado Piero Corvetto, durante el allanamiento a su vivienda en Miraflores que se realizó el viernes 24 de abril.
El hallazgo cobra relevancia porque el exfuncionario público supuestamente había entregado a la Fiscalía los pasaportes activos que maneja (peruano e italiano) para demostrar que no tenía intenciones de fugar al extranjero.
No obstante, el documento encontrado caducará recién el 10 de agosto de este año.
Requerimiento de impedimento de salida del país.
Por ese motivo, el fiscal Reynaldo Abia requirió al juez Manuel Chuyo que dicte el impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto.
Perú21 se contactó con el nuevo abogado del extitular de la ONPE, Julio Arbizu, quien explicó que su patrocinado no actuó de mala fe.
“Los pasaportes que Piero Corvetto entregó, el italiano y el peruano, son los vigentes; el pasaporte hallado, que es verdad que tiene vigencia, es anterior, solo que Corvetto decidió renovar su documento porque en algunos países se pide una vigencia mínima de seis meses, entonces, cuando recibe el nuevo pasaporte, el viejo ya no sirve, ya no es válido”, justificó.
Chuyo programó para mañana a las 11:00 am la audiencia virtual en la que tomará una decisión al requerimiento de Abia, quien ahora se hará cargo del caso en reemplazo de su colega Raúl Martínez.
La investigación apunta a una aparente concertación entre Corvetto y la empresa Servicios Generales Galaga para que esta ganara el contrato de más de S/6’300,000 y se encargase de distribuir el material electoral que se usaría en la fecha de los comicios generales, el domingo 12 de abril.
No obstante, la compañía no repartió a tiempo actas y padrones a 13 locales de votación, afectando a más de 50 mil ciudadanos. Recién al día siguiente, esos votantes pudieron ejercer su derecho al voto.
Ese incidente reveló las limitaciones que Galaga había presentado en su logística a pesar de que declaró contar con todos los recursos para cumplir con la función.
El pedido de impedimento de salida del país también se extiende contra funcionarios de la ONPE y el dueño de Galaga, Juan Alvarado.
