Abogado de exjefe de ONPE da detalles.
Redacción Expreso
El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, adoptó una decisión que marcó un giro en su estrategia legal en medio de la investigación fiscal que enfrenta por las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril.
El exfuncionario optó por allanarse al pedido de impedimento de salida del país por 18 meses formulado por el Ministerio Público.
La decisión la confirmó su nuevo abogado, Julio Arbizu, quien asumió la defensa a través del estudio Arbizu & Gamarra tras la renuncia del anterior letrado.
En declaraciones a Epicentro TV, Arbizu sostuvo que su patrocinado no cuestionará la medida solicitada por la Fiscalía ante el Poder Judicial.
“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, afirmó.
Fiscalía sustenta pedido en presunta colusión y omisión de funciones
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se imponga a Corvetto una restricción de salida del país por un periodo de 18 meses, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de funciones.
Según la tesis fiscal, el exjefe de la ONPE emitió la resolución jefatural 0002-2026-JN/ONPE, mediante la cual estableció lineamientos especiales para la contratación de bienes y servicios electorales durante el proceso 2026.
Estas disposiciones se ampararon en una norma de la Ley de Presupuesto Público 2026 que permitió flexibilizar la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas.
A partir de ese marco, la Fiscalía sostiene que se habrían modificado los términos de referencia en procesos clave, lo que —según la hipótesis— favoreció a la empresa Galaga SAC en la adjudicación del servicio de transporte de material electoral.
Asimismo, el Ministerio Público incluyó en su argumentación la designación de José Samamé como gerente de Gestión Electoral en 2023, señalando que no habría cumplido con los requisitos de experiencia para el cargo.
También atribuyó a Corvetto una presunta concertación con Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa mencionada, aunque sin detallar elementos adicionales que acrediten ese supuesto acuerdo.
En cuanto al delito de omisión de funciones, la Fiscalía señaló que el exfuncionario no garantizó la instalación oportuna de mesas de sufragio el 12 de abril, lo que habría impedido que aproximadamente 53 mil ciudadanos ejercieran su derecho al voto.
El pedido de impedimento de salida del país será evaluado por el Poder Judicial en una audiencia programada para este jueves 30 de abril, en la que la defensa del exjefe de la ONPE ya adelantó que no presentará oposición.
