Distrito de Huancas – Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas
La Comunidad Campesina de Huancas atraviesa un nuevo conflicto territorial en el sector Curquingo (zona conocida anteriormente como Nading 1), donde comuneros denunciaron el ingreso de personas que, según indican, estarían respaldadas por documentos vinculados a Jaime Valdés.
El presidente comunal, Quistán, informó que la movilización ciudadana busca “hacer respetar los terrenos comunales”, ante lo que consideran un intento de ocupación irregular.
Diferencia entre “La Lucma” y Curquingo
Según la dirigencia comunal, la propiedad denominada “La Lucma” correspondería a la familia Valdés, pero el sector donde actualmente se registra el conflicto sería Curquingo, área que la comunidad sostiene como terreno comunal.
El presidente indicó que:
Los planos y croquis comunales no reconocen colindancia directa con propiedad de Valdés en esa zona.
La comunidad respeta la propiedad privada debidamente acreditada.
Se cuestiona la validez de algunos documentos presentados por terceros.
Asimismo, señaló que el propietario legal del predio La Lucma sería Eloy Tobías Valdés Rodríguez, hermano de Jaime Valdés, lo que formaría parte de la controversia actual.
Denuncias de agresión
La dirigencia comunal denunció que durante el ingreso de personas al terreno se habrían producido agresiones contra comuneros, incluyendo el uso de escudos y presunta violencia física.
Ante esta situación, la asamblea comunal evalúa medidas para impedir nuevos ingresos mientras se esclarece la delimitación territorial.
Conciliación pendiente
El conflicto ya habría sido llevado a un centro de conciliación meses atrás. Sin embargo, la comunidad sostiene que presentó documentación que cuestionaría la titularidad alegada por Valdés en el sector en disputa.
La dirigencia ha reiterado su disposición a una conciliación formal, pero exige claridad jurídica y respeto a los límites comunales.
Análisis
Este caso refleja una problemática recurrente en la región Amazonas: la superposición de títulos privados, derechos comunales y registros históricos con delimitaciones poco precisas.
En estos escenarios, es fundamental:
Intervención técnica de la Dirección Regional de Agricultura y COFOPRI, si corresponde.
Verificación catastral y georreferenciación actualizada.
Presencia preventiva del Ministerio Público para evitar violencia.
Mecanismos formales de conciliación con respaldo legal.
El riesgo mayor no es solo jurídico, sino social: los conflictos por tierras pueden escalar rápidamente si no se gestionan con transparencia y diálogo institucional.
