28/02/17 – 15:08
Si las autoridades de nuestro país no internalizan que obtener y mantener la llamada «licencia social» es el principal escollo para desarrollar y operar un proyecto minero, no llegamos a ninguna parte.
Por: Madeleine Osterling
Una baja en el precio de los minerales es un riesgo asumido por la minería. Es exógeno, cíclico y difícil de predecir, aunque todos los analistas crean tener la bola de cristal?. Con una buena política de reducción de costos puede capearse el temporal. Sin embargo, la «licencia social» es una condición sine qua non, es la diferencia entre la vida y la muerte: ¡Conga es el mejor ejemplo!
Si un empresario minero no resuelve el problema social en forma sostenible, no podrá aprobar su instrumento ambiental ni tendrá acceso a la propiedad de las tierras superficiales donde se encuentran las concesiones, tampoco opción para constituir servidumbres de paso o para colocar sus líneas de transmisión. Estará sujeto al bloqueo de las vías de acceso y a la presión de la comunidad por puestos de trabajo cuya tecnificación son incapaces de manejar. En otras palabras, si el tema social no está bien manejado ”permanentemente” el proyecto tiene una sobrevivencia condicionada.
Un buen comienzo no asegura la vida de un proyecto. La licencia social va cambiando de matices según quienes sean los interlocutores. Desafortunadamente, las comunidades no honran la palabra empeñada y los acuerdos escritos tienen muy poco valor; están pegados con babas. Basta un cambio en la dirigencia o la visita de un Gregorio Santos cualquiera para que la población se levante y desconozca todos los pactos o aquellos que le convienen. Generar desconfianza es parte de su esencia.
No existe proyecto minero que no tenga complicaciones con su entorno humano. Algunas empresas están absolutamente hipotecadas a la comunidad, otras resisten el chantaje a costa de suspensiones en la producción y altas pérdidas; otras sueñan con iniciar la construcción del proyecto.
El Estado no está en capacidad de firmar un «contrato de estabilidad social» pero si de trabajar en la prevención y de hilar muy fino con los inversionistas. La conflictividad subsistirá mientras existan carencias y ausencia del Estado y mientras no se genere credibilidad, aún en comunidades ubicadas en la Sierra Central, habituadas a convivir con la minería desde la Colonia. Oponerse a la minería es un buen negocio: ¡siempre se consigue alguito!
En el Perú ni tenemos (ni queremos) un Rafael Correa, que ordena movilizar fuerzas militares cuando hay un conflicto, como ocurrió con el proyecto de cobre Panantza-San Carlos en Ecuador. Queremos decisión política, lucidez y prioridades en orden para que la minería siga siendo una fuente de riqueza para nuestro país.
