Rudecindo Vega Carreazo
El Perú esta arrinconado y gobernado por la criminalidad, las relaciones sociales se tiñen de sangre por el accionar de los delincuentes en las calles, centros laborales, centros de estudios, barrios y casas; la economía está saturada por las economías criminales (minería legal, trata de personas, narcotráfico, corrupción, contrabando, crimen organizado, tala ilegal, tráfico de flora y fauna); la política está repleta de organizaciones criminales enquistadas en el congreso, gobierno y demás organismos constitucionales. Sin duda, el proceso electoral actual que debería permitirnos renovar toda la clase política nacional, regional y local el 2026 estará teñido por el crimen, organizado o desorganizado, vía financiamiento a partidos y candidatos o, mediante, su participación directa como candidatos en diferentes partidos propios o alquilados. Elecciones violentas, inseguras y criminales serán, ojalá, no mortales
Una campaña electoral copada por el crimen, venga de donde venga, derechas, izquierdas o centros, de arriba o abajo, del campo o la ciudad, del mundo legal o ilegal, formal o informal; usualmente es violenta, insegura, sangrienta. Los capos de las mafias no matan, mandan matar. En Perú los sicarios se encuentran cual vendedores ambulantes, se contratan por pocos soles, más si son menores de edad. Que no ocurra como en Ecuador o Colombia, en el primero asesinaron, en un mitin público, al candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto del 2023; y en el segundo, en otro mitin, este 7 de junio del 2025 fue atentado, por un menor de 14 años, el candidato presidencial Miguel Uribe, quien aún lucha por su vida. En Perú, no se podrá eliminar ni arrinconar al crimen tan estructural e institucionalizado; entonces, debería tomarse medidas que eviten una campaña insegura y sangrienta, donde el crimen, más que los votos, decidan nuestros gobernantes.
La campaña electoral del 2021 fue muy agresiva, violenta, polarizada; la segunda vuelta rajó al Perú, el “terruqueo, comunisteo, caviareo” por un lado; el “fachisteo, dbareo” por el otro, cavaron zanjas que se han profundizado. El provincianismo nacional, en un país pueblerino, fue despreciado, ninguneado, por el centralismo extremadamente provinciano, paradoja total. El candidato que ocupo el tercer lugar, autodenominado porky, en mitin de apoyo a Keiko, pidió e hizo arengas la muerte de Pedro Castillo, el candidato opositor, y del líder de su partido. El desprecio mutuo marcó la segunda vuelta y al nuevo gobierno. Tender puentes, dialogar, concertar, no estuvo en la agenda de ganadores ni perdedores. Buscaron aniquilarse. Esa zanja está viva, peor, más honda, con Castillo preso luego de su frustrado autogolpe y con su traicionera vicepresidenta convertida por la oposición, derrotada en las elecciones, en su presidenta. La campaña electoral actual, más que una revancha, se proyecta como una venganza entre los que ganaron las elecciones y perdieron el gobierno y los que perdieron las elecciones y se apropiaron del gobierno. Las elecciones del 2026 son de pronóstico reservado.
En las elecciones del 2021, los 2 partidos que llegaron a la segunda vuelta estaban acusados de ser organizaciones criminales por la propia Fiscalía de la Nación, Keiko de Fuerza popular había estado presa y Cerrón de Perú Libre, sentenciado, fue excluido de la plancha para ser vicepresidente. Otros partidos como Renovación Popular (nuevo nombre de Solidaridad Nacional), APP, Podemos arrastraban denuncias similares. Hoy, los partidos políticos considerados organizaciones criminales y, sus lideres o dirigentes procesados son muchos más y serán protagonistas de las próximas elecciones. Al Perú rajado del 2021, sin puentes ni vocación de conversar y concertar, hay que añadirle una contienda de organizaciones criminales procurando hacerse del gobierno y poder para seguir delinquiendo. Reafirmo, nos espera una campaña violenta, sangrienta, ojalá no mortal.
La enorme fragmentación política partidaria nacional, pulverización es mejor descripción, y la ausencia de programas y propuestas, facilitan condiciones de violencia e inseguridad. Peor si la política es concebida como un festín de intereses particulares ajenos a los nacionales. Más grave, si los cargos públicos son usados cual instrumentos para seguir delinquiendo o para aniquilar adversarios. Nuestro mercado político, ha sido convertido, en una cachina electoral, los partidos y candidatos vendedores saben que van a timar y los ciudadanos electores saben que serán timados; vendedores y compradores, candidatos y electores, se mueven en un mercado negro, sin ley ni orden, sin garantías ni seguridad; la violencia e inseguridad son latentes y patentes, reinan el crimen y la delincuencia. La contienda electoral, en esa cachina electoral, con seguridad, será insegura, como nuestra vida nacional.
Lo que ocurrirá en las elecciones nacionales para presidente, congreso y parlamento andino de abril del 2026 continuará y se repetirá en las elecciones regionales y municipales de octubre. El crimen está en todo lado, es nacional, regional y local. Hay organizaciones criminales grandes, medianas y pequeñas; capitalinas y provincianas, transnacionales, nacionales, regionales o locales; citadinas y pueblerinas. Todas ansiosas de capturar el gobierno y poder. La multiplicación de las candidaturas regionales, provinciales y distritales en decenas y centenas de miles de candidatos, sin reglas ni autoridades que brinden seguridad, es un espacio abandonado para la proliferación de la violencia, inseguridad y criminalidad.
Las autoridades nacionales, congreso y gobierno, han emitido leyes en favor del crimen y readecuado las leyes políticas electorales para garantizar su reelección, nada bueno es de esperar de ellas para garantizar seguridad. El JNE, ejerciendo sus funciones de fiscalizar y administrar justicia electoral, debería emitir directivas de seguridad electoral que permitan proteger a candidatos y electores y, sancionar y excluir a candidatos y organizaciones políticas identificados como responsables de atentados contra sus adversarios. Solo sanciones de ese tipo podrían persuadir y evitar la comisión de delitos para encausar adecuadamente el proceso electoral. Nadie quiere abordar el tema, por temor, ignorancia o conveniencia, acá insistimos en esta propuesta para evitar duelos, y la posibilidad de perder mejores autoridades.
Hemos propuesto también, que los propios candidatos y sus organizaciones políticas diseñen y realicen “campañas seguras” evitando riesgos y provocaciones. En un momento político caracterizado por la ausencia de programas y propuestas puede ser ingenuo exigirles ello y que dejen de lado los ataques e insultos, que llamen a la tranquilidad a sus militantes, simpatizantes y seguidores. El JNE debe exigirles la presentación obligatoria de directivas de autorregulación para garantizar una campaña electoral libre, justa, segura y; aplicar sanciones cuando no las cumplan. El JNE podría ser el poder electoral que nos enseñaron y nunca hemos tenido, nos permitiría recuperar patria y dignidad; institucionalidad y democracia; seguridad y vida. Exijamos que cumpla su rol, necesitamos mejores autoridades, por el bien del Perú.
