El Primer Juzgado Unipersonal de Bagua sentenció a cuatro años de prisión efectiva a Neiser Stal Rivera Guevara y Segundo Armando Guevara Vílchez, representantes legales del Consorcio Imacita, tras ser hallados responsables del delito de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307°-A del Código Penal.
La sentencia, obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Bagua, se logró luego de un largo proceso en el que se acreditó que los sentenciados realizaron actividades de extracción de mineral no metálico en el cauce del río Marañón, en el sector conocido como “La Bombonera”, ubicado en el centro poblado Imacita, distrito de Imaza, provincia de Bagua. Estas acciones se llevaron a cabo sin contar con la autorización administrativa correspondiente, lo que constituye una infracción grave contra el medio ambiente y el Estado.
La sanción incluye, además de la pena privativa de libertad, el pago de cien días multa, la inhabilitación para obtener concesiones mineras o realizar actividades vinculadas al beneficio, transporte o comercialización de minerales durante el mismo periodo de la condena, y el pago de 20 mil soles por reparación civil a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales.
No obstante, este caso pone en evidencia una problemática recurrente: la lentitud en las investigaciones fiscales relacionadas a delitos ambientales en Amazonas, lo que genera una sensación de impunidad en la población y permite que muchos de estos actos ilícitos continúen por años antes de recibir sanción judicial. Organizaciones sociales y ambientales han reiterado que la demora de estos procesos debilita la lucha contra la minería ilegal, que sigue afectando gravemente los ecosistemas de la región.
La condena contra los representantes del Consorcio Imacita constituye un precedente importante; sin embargo, especialistas coinciden en que se requiere mayor celeridad y firmeza en las acciones del Ministerio Público para enfrentar un problema que compromete no solo la biodiversidad amazónica, sino también la salud y la economía de las comunidades ribereñas del río Marañón.
