BONGARÁ – CHACHAPOYAS | AMAZONAS.— El cansancio de los pueblos se ha convertido en acción colectiva. En una reunión realizada esta tarde, las Rondas Campesinas de Bongará y de Rondas Campesinas de Chachapoyas emitieron un ultimátum al Gobierno Regional de Amazonas y a los contratistas responsables del Eje Vial III, exigiendo mejoras inmediatas en el tramo AM-106, que comprende desde el puente Vilcaniza hasta Molinopampa.
Los dirigentes ronderiles advirtieron que, si en el plazo de un mes no se evidencian trabajos reales y sostenidos, procederán a aplicar sanciones comunales, amparadas en sus usos y costumbres. El mensaje fue claro y contundente: la paciencia se agotó tras años de promesas incumplidas y una obra clave que sigue inconclusa.
Durante sus intervenciones, los ronderos expresaron el profundo descontento ciudadano por la demora crónica del proyecto, señalando que han reclamado reiteradamente sin obtener respuestas efectivas, mientras la vía continúa deteriorándose y afectando la seguridad, el transporte y la economía local.
PRESENCIAS Y AUSENCIAS QUE GENERAN CUESTIONAMIENTOS
En la reunión participaron representantes del consorcio encargado de la obra, funcionarios regionales, el alcalde de la provincia de Bongará y consejeros regionales de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas. Sin embargo, llamó especialmente la atención la presencia del consejero por Chachapoyas, Engels Escobedo, quien ya oficializó su postulación al Senado.
Dirigentes y asistentes cuestionaron cuál fue su rol real en la cita: si actuó como fiscalizador o como candidato en campaña, considerando que durante los tres años de paralización del proyecto no se le conocieron acciones firmes de control, limitándose —según denunciaron— a acatar directivas del gobernador regional.
UNIÓN ANTE LA IMPASIVIDAD
Este ultimátum refleja la unión de los pueblos frente a la impasividad de las autoridades. Cuando la institucionalidad no responde, las organizaciones comunales ocupan el vacío, exigiendo resultados concretos y plazos verificables. El desafío para el GOREA y los contratistas es cumplir, porque de lo contrario el conflicto social podría escalar con consecuencias previsibles.
