Chachapoyas.— El Gobierno Regional de Amazonas admitió oficialmente el colapso del III Eje Vial al rescindir el contrato con el Consorcio Vial Kuelap, tras comprobar incumplimientos reiterados y ampliaciones de plazo sin resultados. La decisión quedó formalizada mediante la Carta Notarial N.° 000002-2026-GR.AMAZONAS/GG, de fecha 23 de enero de 2026, documento que confirma lo que la población denunció durante años: una obra mal ejecutada, deficientemente supervisada y pésimamente gestionada.
La rescisión llega tarde, luego de protestas sociales, reuniones forzadas en Chachapoyas y Jumbilla (Bongará), y con tramos críticos (106, 110 y 111) prácticamente abandonados, convertidos en trampas para transportistas, productores, estudiantes y pacientes que requieren atención médica oportuna. Hoy, la vía queda paralizada y miles de ciudadanos ingresan a una peligrosa incertidumbre, agravada por la temporada de lluvias.
La cifra que indigna: más de S/ 315 millones girados
A la crisis operativa se suma el escándalo presupuestal. Entre 2019 y 2025, el proyecto registra S/ 315’013,891 girados, sin que la región cuente con una carretera funcional. El detalle anual expone la magnitud del problema:
2019: Presupuesto S/ 13’000,000 | Girado S/ 1’527,082
2020: Presupuesto S/ 62’640,503 | Girado S/ 62’303,883
2021: Presupuesto S/ 55’299,747 | Girado S/ 55’228,419
2022: Presupuesto S/ 71’174,548 | Girado S/ 60’471,613
2023: Presupuesto S/ 86’682,431 | Girado S/ 86’653,618
2024: Presupuesto S/ 18’474,292 | Girado S/ 17’870,138
2025: Presupuesto S/ 30’984,707 | Girado S/ 30’959,477
Total girado: S/ 315’013,891
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados de más de 315 millones de soles? ¿Quién autorizó pagos y ampliaciones sin exigir avances verificables? ¿Dónde estuvo la fiscalización?
Responsabilidades y control
La conducción política y técnica del GOREA, bajo la gestión de Gilmer Horna Corrales, queda severamente cuestionada por no actuar a tiempo y permitir que el problema escale hasta convertirse en crisis regional. La población exige ahora una auditoría integral y determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, así como control político del Congreso de la República.
Impacto social inmediato
Comunidades aisladas y economías locales paralizadas.
Productores sin acceso a mercados.
Estudiantes en riesgo por transitabilidad nula.
Pacientes sin acceso oportuno a salud.
El sueño de desarrollo de Bongará, Chachapoyas y su zona de influencia queda truncado. Sin plan de contingencia claro, la vía amenaza con convertirse en una desgracia anunciada durante las lluvias.
Opinión editorial
Rescindir el contrato no repara el daño. La magnitud del gasto exige investigaciones exhaustivas, sanciones y soluciones inmediatas de transitabilidad. Amazonas está cansada: no quiere promesas, exige responsables y resultados.
