La provincia de Condorcanqui enfrenta una crisis creciente de violencia contra mujeres y niñas, en un escenario donde la respuesta institucional ha mostrado serias debilidades.
Un informe difundido por el medio especializado Salud con Lupa, con base en cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), revela que los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) pasaron de 58 en 2012 a más de 500 en 2025, evidenciando un incremento alarmante en poco más de una década.
Violencia sexual en aumento
Hasta noviembre de 2025 se reportaron 205 denuncias por violencia sexual, cifra que contrasta dramáticamente con las 23 registradas antes de la pandemia.
Gran parte de las víctimas pertenecen a los pueblos awajún y wampis, comunidades que enfrentan:
Barreras lingüísticas
Dificultades geográficas
Limitado acceso a servicios especializados
Desconfianza histórica hacia el sistema de justicia
Estas condiciones agravan la vulnerabilidad y aumentan el riesgo de impunidad.
Justicia debilitada en momentos críticos
A inicios de 2026, la Junta de Fiscales Supremos dispuso dejar sin efecto la vigencia de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y de unidades médico-legales en distritos como Río Santiago y Yutupis.
La medida generó rechazo inmediato de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, entre ellas el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), que advirtió que la decisión vulneraba compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de derechos fundamentales.
La desactivación impactó directamente en:
Investigaciones fiscales
Peritajes médicos legales
Evaluaciones psicológicas forenses
Acompañamiento integral a víctimas
Sin pericias técnicas, muchos procesos judiciales quedan debilitados.
Reactivación, pero con desafíos estructurales
Tras críticas y movilizaciones, el Ministerio Público anunció la reactivación de las fiscalías especializadas y la continuidad de las unidades médico-legales en la provincia. La fiscal superior Azucena Solari Escobedo informó que se reforzará la atención.
Sin embargo, líderes locales advierten que la reapertura de oficinas no es suficiente.
Persisten problemas como:
Reducción de personal en el CEM
Acumulación de expedientes
Débil presencia territorial
Limitaciones logísticas en zonas de difícil acceso
Análisis: más que cifras, una crisis humanitaria
Lo que ocurre en Condorcanqui no es solo un incremento estadístico. Es una alerta estructural.
Cuando la violencia aumenta y el Estado reduce presencia, el mensaje que se transmite es de desprotección. Y en contextos interculturales, la ausencia institucional no solo genera impunidad, sino también ruptura del tejido social.
La lucha contra la violencia de género en territorios indígenas exige:
Enfoque intercultural real
Presupuesto sostenido
Presencia permanente del sistema de justicia
Coordinación con liderazgos comunitarios
Educación preventiva desde edades tempranas
Condorcanqui no puede convertirse en un territorio donde denunciar sea inútil.
La protección de mujeres y niñas no es opcional: es una obligación constitucional y ética del Estado.
