Diario expreso – Miguel Lagos
No debe sorprender que las intensas pulsiones, los conflictos y las serias «irregularidades» —fraude digital, fraude en mesa, supresión del voto o «plan morrocoy» a la peruana, para no pocos— en torno al juego político y al actual proceso electoral presidencial y parlamentario vayan más allá de la capital y alcancen la competencia por el control de gobiernos regionales y municipales en las elecciones subnacionales del 4 de octubre próximo.
La política al interior del país se reorganiza también en sus líneas divisorias. Un informe (23/9/2024, EC) detectó que casi la mitad —11 de 26 gobernadores— se han reubicado en otras agrupaciones. La ola participativa de nuevos contrincantes también hará lo suyo.
Un flanco de males antiguos en ejecución, y otros riesgos crecientes y potenciales, es la penetración de las actividades criminales organizadas en la dinámica política. El fenómeno no es reciente, pero, como ya se ha anotado antes, se prevé un mayor influjo en la pauta de poder nacional. Cierto es que el elector, con su voto, es el gran responsable de quienes llegan a los cargos públicos —el Congreso es espejo de ello—; sin embargo, los grupos políticos, incluyendo los descentralizados, tienen un rol ineludible colocando filtros estrictos e insuperables que bloqueen a candidatos anexados a toda la gama de economías delictivas (narcotráfico, minería ilegal, tala ilícita, tráfico de tierras, pesca ilegal, etc.). Y aquí, en las «coladeras» partidarias, hay una falla enorme. Es imperativo evitar que los canales de representación continúen siendo infiltrados, y ello pasa por lograr que el «boom» de organizaciones políticas ofrezca un menú electoral libre de venenos y toxinas. Difícil, por cierto.
La política descentralizada —o la que opera fuera de Lima— será otro condicionante vital de una gobernabilidad y una seguridad nacional golpeadas por la actividad criminal creciente y un desgobierno central en incesante estanflación política (una mezcla de inflación de tensiones, estancamiento político y alta inoperatividad gubernativa). Curiosamente, los gobiernos regionales y municipales parecen estar casi a salvo de los «malos humores» ciudadanos, pese a su gran responsabilidad en los problemas nacionales irresueltos. De hecho, la mayoría de regiones hoy están bajo control de izquierdistas y «centristas independientes». Hoy cuentan con enormes recursos públicos que, o se dilapidan por pésimas gestiones, o son birlados por impunes redes corruptoras y mercantilistas que involucran a las burocracias estatales descentralizadas. Las mafias no solo obran en la capital.
Este 2026 veremos algo más del avance de la politización criminal y cuán audaces son los grupos delictivos organizados para capturar o influir en las gestiones subnacionales vía candidatos a alcaldías y gobernaciones «coordinados» y financiados. Sobre todo en aquellas regiones donde las economías ilícitas prosperan por medio del saqueo de los recursos naturales (minería, tala, pesca ilegales…), los negocios criminales (narcotráfico, narcoterrorismo, lavado de dinero, extorsiones…), la invasión de tierras rurales y el control territorial en zonas urbanas.
Lamentablemente, además, no debe descartarse la posible eliminación de competidores incómodos o denunciantes antagonistas vía el sicariato con fines políticos. Ya algo de ello se está viendo en el norte del país.
