Rudecindo Vega Carreazo
Keiko, la probable presidenta, y Fuerza Popular, deben entender que el 90% de electores no votaron por ella en primera vuelta, el 66.4% no lo hizo en la segunda, 16 departamentos de 24, 124 provincias de 196 y, 1479 distritos de 1891 votaron por su rival. Además, algo que nadie anota, deben valorar que en segunda vuelta más gente se sumó a Sánchez que a ella, al 99.62% del cómputo de la ONPE, Keiko sumó 6 millones 305 mil votos respecto de la primera; Sánchez sumó 7 millones 126 mil votos, o 821 mil votos más que ella. La diferencia de votos, para ella ser presidenta, viene del extranjero, ahí gana por 63.2% contra 36.8%, 81,318 votos de diferencia, suficientes para voltear los resultados ocurridos en el Perú.
Las irregularidades en primera vuelta, cometidas por la ONPE y el JNE (mesas no instaladas el domingo e ilegalmente instaladas el lunes), impactaron los resultados electorales en una disputa tan estrecha entre el segundo y tercero para pasar a la segunda vuelta. No es una irregularidad menor si la diferencia entre Sánchez y López Aliaga, para disputar la segunda vuelta fue apenas 21,209 votos, 0.12 de votos válidos o 0.07% de electores. Esa cifra es la mitad de los 41,685 votos que, al 99.62% separan a Keiko de Sánchez. Esas irregularidades provocaban invalidez, un camino diferente al fraudismo promovido por López Aliaga.
Las irregularidades de la segunda vuelta, involucran a la cancillería, que organiza las elecciones en el exterior, en rol similar a la ONPE. En primera vuelta, las actas electorales de final del escrutinio fueron digitalizadas y remitidas a la ONPE para su cómputo, con envío físico posterior. En segunda vuelta, cancillería dispuso no digitalizar las actas, solo envió físico, no siempre por valija diplomática y, muchas llegaron a destiempo con plazos para impugnación vencidos. Esa irregularidad, en mesas sin personeros de las dos partes, altera totalmente los resultados, la ONPE reporta que sin los votos cuestionados del extranjero el presidente sería Sánchez con 40,000 votos a favor; incluyéndolos, Keiko gana por 41,000 votos. El tiempo y los plazos electorales no ayudan para probar esta irregularidad, caso contrario, hablaríamos de fraude en el extranjero y no dentro del Perú.
Ojalá procesen también que su seguro triunfo viene de un proceso electoral muy irregular, impuesto por ellos con el pacto mafioso congresal en los últimos 3 años, mediante muchos cambios constitucionales, legales, administrativos; intervención de los sistemas de justicia y electoral que les ha permitido candidatear y eliminar adversarios; y con irregularidades en primera y segunda vuelta que, bien denunciadas, podrían haber invalidado las elecciones. Es cierto, todas validadas por la masiva participación de partidos, candidatos y por los hechos consumados que permitirán a las autoridades electorales proclamar a los ganadores. Esa razón fáctica y legal, no necesariamente da representatividad, legitimidad ni gobernabilidad, que es lo que estará en juego los próximos meses y años.
Los hechos consumados darán nueva presidenta, senadores, diputados y parlamentarios andinos; como tantas veces, validarán un proceso electoral irregular impuesto por el pacto mafioso, validado por los organismos del sistema judicial, electoral y, los partidos y candidatos participantes. Ese irregular proceso electoral validado provocó elecciones con irregularidades de los organismos electorales, la cancillería y un grosero rol de las encuestadoras. Esos hechos consumados, serán un boomerang para el pacto mafioso reelecto, si pretende seguir gobernando como los últimos años.
La gobernabilidad seguirá en cuestión, en el probable hecho consumado que sea Keiko electa, los ciudadanos estarán a la expectativa de sus anuncios para reafirmar su apoyo u oposición. Sánchez no es el líder natural, ni más destacado, para encabezar una oposición demasiado variopinta; más allá del fujimorismo, keikismo y sus aliados, existen tendencias muy dispares, desde una derecha democrática, un centro difuso y disperso, y una izquierda siempre difuminada. En la escena oficial, Sánchez y Juntos por el Perú pasarán a segundo plano ante nuevos partidos y líderes presentes en el congreso: Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación seguramente se mantendrán como bancadas; Juntos por el Perú, por el origen político de sus parlamentarios, “alumbrará” otras bancadas y; Obras será el nuevo proveedor de “niños malos”. El congreso seguirá gobernando, todos los cambios hechos por el pacto mafioso para gobernar desde el con
Dina, Jerí y Balcázar, como karma, le pasarán factura a Keiko, ella deberá negociar y concertar con un congreso que no controla y empoderó como gobierno parlamentario en desmedro del presidencialismo republicano.
En el mundo social existirá un reposicionamiento de las organizaciones sociales y gremiales, sobre todo, en los departamentos del sur; más si consideran que les “robaron” las elecciones y las autoridades no les representan. Imposible gobernar si la presidenta no puede visitar departamentos o provincias del país por temor o repudio. Un gobierno sin propuestas para el mundo rural, provinciano y el sur que procure confianza, autoridad y representatividad es inviable. El entorno de Keiko, más que ella, no parece dispuesto a reparar a las víctimas de los asesinatos y sancionar a los culpables; tampoco a impulsar la derogación de las leyes pro crimen y contra la institucionalidad democrática; más probable es un carga montón, a ella, de venganza, autoritarismo y afán de eliminar todo lo que les suene diferencia. No habrá calma ni tranquilidad social, no tendremos gobernabilidad. La fuerza no será orden.
El nuevo gobierno no tendrá tregua ni “luna de miel”, salvo que, anuncie medidas que vayan más allá de su propuesta y ofrezca un gobierno amplio con sus aliados y cierto centro democrático, sería lo normal y natural, en un Perú tan fragmentado y partido, repleto de minorías pequeñas. Lamentablemente, ni lo normal ni natural es característica de nuestros gobernantes y políticos. Sin embargo, el gobierno sí tendrá un plazo de “desatención ciudadana”, útil para su posicionamiento gubernamental, producto de la campaña regional y municipal para la renovación nacional de todos los gobernadores y alcaldes de octubre. Hasta proclamar a las nuevas autoridades descentralizadas, tendrá 100 días de “desatención” para demostrar su verdadera capacidad gubernamental.
La “fuerza del orden” no será suficiente como propuesta de gobierno, mucho menos, la provocación “de gobernar como su padre”, salvo que esté dispuesta a ahondar la división nacional, arrinconarse con su partido y aliados, y despreciar al resto del país. Posible es, si decide escuchar a su barra brava antidemocrática y autoritaria, a sus financistas mercantilistas y a las organizaciones dedicadas a la corrupción y criminalidad que la rodean. Pecaré de ingenuo e iluso, esperaré anuncios que vayan contra corriente y propongan un equipo de gobierno decente, eficiente y confiable. El Perú ya lo merece.
