Jindley Vargas
Cuando la ciudadanía vigila y la Contraloría confirma irregularidades, las gestiones débiles recurren a lo único que les queda: el teatro del arreglo desesperado. Eso es lo que hoy vemos en Chachapoyas, donde la tragedia ya no se limita al jirón Salamanca. El patrón de sustracción de cemento se repite como una epidemia en el jirón Arequipa, Santa Ana, Chincha Alta, los pasajes Campo Redondo y San Pablo, entre otros vecindarios.
El libreto es idéntico: vecinos presionados bajo amenaza de que “si no aportan, no se hace la obra”. Cada cuadra es una réplica del mismo abuso, una coreografía de extorsión disfrazada de colaboración, donde el cemento no pavimenta progreso, sino el descaro de una gestión que ha hecho del fraude su rutina administrativa.
La municipalidad, acorralada por los hallazgos del OCI y por la presión ciudadana, ha convocado públicamente a los vecinos del Jr. Salamanca cuadra 13, a una reunión. Pero la verdadera intención no es escuchar ni reparar, sino persuadirlos a aceptar el soborno de una obra menor como compensación, disfrazando el robo como “colaboración voluntaria”.
El libreto de manipulación es evidente: primero, el lobby interno, donde algunos vecinos son convencidos para repetir el sermón oficial de “no sean malos”, “háganlo por el progreso”, “bonito quedará”, “se hizo de buena fe”; luego, la presión psicológica, que busca que los afectados acepten que no fueron robados, sino que “aportaron” voluntariamente; y finalmente, el blanqueo político, porque si los vecinos aceptan la “compensación”, la gestión podrá alegar que hubo acuerdo comunitario y cerrar el caso sin admitir responsabilidad. En otras palabras: quieren que el robo se firme como donación y que la extorsión se disfrace de colaboración, transformando a la víctima en cómplice.
El OCI ya lo dijo: 499 bolsas de cemento exigidas y recibidas sin sustento legal ni técnico. El financiamiento estaba asegurado, el material contemplado en el expediente técnico, y aun así se presionó a las familias. Lo que se intenta ahora es maquillar la aberración administrativa y arrastrar a los vecinos a la complicidad de una sustracción ilegal con visos de extorsión.
Aceptar el “arreglo” sería convalidar el abuso. Rechazarlo es mantener la dignidad y exigir que la municipalidad devuelva lo que nunca debió pedir. La decisión no es menor: se trata de elegir entre ser parte del encubrimiento o ser parte de la resistencia.
Y dado que el patrón se repite en múltiples barrios, este caso amerita la intervención de oficio del Ministerio Público, porque lo que está en juego no es solo cemento, sino la confianza ciudadana pulverizada por una gestión que pasará a la historia por su precariedad y mañosería.
