Jindley Vargas
Cuando la municipalidad saca un comunicado de emergencia, no busca informar; busca desesperadamente que el agua no les termine de ahogar el cuello. Acorralada por la fiscalización del FREDDICH, la valentía de los barrios y los informes del Órgano de Control Institucional (OCI), la gestión actual ha publicado un verdadero monumento al cinismo.
Con su propio papelito impreso, firmado con la mano temblando, la municipalidad acaba de confesar públicamente que los vecinos pagan lo que el Estado ya financia. Pretenden, en un despliegue de desfachatez al que ya nos tienen acostumbrados, que el pueblo crea que los ciudadanos aportaron toneladas de cemento y refrigerios de manera “libre y voluntaria”.
¿A quién pretenden engañar, señores funcionarios? Chachapoyas siempre ha sido un pueblo solidario en épocas de verdadera austeridad; los vecinos históricamente salían a las faenas porque sabían que el municipio no tenía un sol.
Pero lo de ustedes no es en épocas de escasez; lo de ustedes es un insulto directo a la pobreza. Mientras a las familias se les exige exprimir la canasta familiar para comprar bolsas de cemento en obras que ya tenían sus presupuestos completamente asegurados y financiados por el Estado, la cúpula municipal se ha dedicado al despilfarro impúdico de una docena de viajes al extranjero, audiencias de lujo fuera de la ciudad, uniformes para regidores, pago a la farándula capitalina para inaugurar una finta de teatro, entre otras banalidades.
Lo que pretenden maquillar en su pronunciamiento no es cooperación, es una extorsión disfrazada de civismo. Ustedes arrancharon el material bajo la amenaza cobarde de que si no colaboraban, sus cuadras no se pavimentaban y se quedaban en la tierra. El miedo al abandono institucional no es voluntariado; es el abuso sistemático de una gestión que ahora intenta vender su mañosería como ayuda comunitaria.
Pero el cinismo no se queda ahí, sino que escala al terreno de la torpeza legal. Para intentar calmar las aguas, aseguran alegremente que esos aportes de cemento “serán considerados en la liquidación correspondiente al culminar la obra”.
¡Atención Contraloría y Fiscalía Anticorrupción! Con esa sola frase acaban de firmar su propia sentencia administrativa. En cualquier obra ejecutada por Administración Directa, absolutamente todo lo que ingresa a la mezcla debe estar presupuestado, contar con su orden de ingreso y su PECOSA desde el primer día.
El cuento de que reciben el material por lo bajo y al final de la obra ven cómo lo cuadran en los papeles es la prueba flagrante de que operaron en la total ilegalidad y opacidad. Un kárdex de almacén no se regulariza al final; eso en cualquier parte del mundo se llama legalizar el contrabando institucional.
Este escándalo desnuda por fin nuestra pasividad y nos pone frente a un espejo incómodo: estamos permitiendo que los peones abusen de la confianza del patrón. El ciudadano chachapoyano, que paga los sueldos con sus impuestos y es el verdadero dueño de la ciudad, les confió la administración. ¿Y cómo responden los peones?
Obligaron a familias humildes no solo a comprar los materiales que el Estado ya había pagado, sino a financiarles el brindis, los bocaditos y la fiesta de inauguración a las autoridades.
Es el colmo de la desvergüenza: el patrón financia los proyectos, regala el cemento de su bolsillo y encima tiene que pagarle a la banda de música y el buffet al peón para que este celebre su “gran gestión” frente a los adoquines que el pueblo pagó dos veces.
Por eso, ver que al final de su carta derraman lágrimas de cocodrilo acusando al pueblo de generar “confusión o desinformación”, y exigiendo patéticamente que recurramos a sus “canales oficiales”, ya no da cólera, da pena ajena.
La única desinformación aquí es el maquillaje de sus propios carteles informativos. Los canales oficiales que estamos usando son las propias resoluciones que ustedes firmaron y los hallazgos de control del OCI. Su teatro se cayó por completo.
La Carta Colectiva N° 001-2026 y la firmeza de mujeres coraje como Yenny Solis ya demostraron que un solo ciudadano con pantalones puede hacer temblar a todo un palacio municipal cuando la causa es justa.
Exigimos la devolución inmediata del valor de cada bolsa de cemento arrancada ilegítimamente a los vecinos de cada barrio afectado. Guarden bien su comunicado, señores funcionarios, porque no les va a servir de escudo; será la evidencia principal grabada en piedra cuando la Fiscalía Anticorrupción los siente en el banquillo de los acusados por ladinos.
¡Chachapoyas se respeta! O nos plantamos ahora con dignidad y salimos a defender lo nuestro, o aceptamos en silencio que nos sigan gobernando peones con alma de asaltantes.
¡La dignidad de nuestro pueblo no se liquida al final de la obra!
