Jindley Vargas
Hay mentiras que duran lo que tarda en cargarse un chat de WhatsApp o en filtrarse un acta oficial. El alcalde de Chachapoyas, Percy Zuta, dio un recital de cinismo en el Jr. Piura apelando a la vieja jugada del «no se cayó, se desplomó»: para él no fue una inauguración, sino una «reapertura». Aprovechando que en esa cuadra nadie tuvo que pagar cemento extorsionado, el burgomaestre posó de inmaculado ante las cámaras: «¡Nadie ha dado ni un centavo! ¡Esa no es la costumbre de mi gestión!», exclamó con fingida indignación ante las preguntas sobre los cobros de cemento en otras obras.
Sin embargo, los chats con la dirigente Yenny Solis y el váucher enviado por WhatsApp por la vecina Elvia Huamán, tras la presión telefónica del propio alcalde, desmentían el show. Zuta no solo sabía del cobro: él mismo lo justificó y condicionó. Mientras ante los micrófonos juraba que «nadie dio un centavo», a través del chat confesaba sin descaro: «Lamentablemente la única forma que se pueda hacer las calles era con la modalidad de participación de instituciones y vecinos con su colaboración… Lamento las incomodidades de pedirles colaboración, pero créeme cuando te digo que a corto plazo era la única forma…». Todo un tratado de transparencia digital.
Pero la arquitectura de esta extorsión vecinal tenía además su operadora clave. Alertado por Gledis, encargada de presionar selectivamente a los vecinos, el alcalde escribió a la dirigente denominando «donativo» al chantaje y amenazando con paralizar la obra si continuaban las quejas: «Gledis me ha llamado preocupada. Sigue habiendo problemas en tu cuadra… No hay nada irregular y creo es por la donación que ustedes dieron… solo lamento que se pararía la obra. Saludos y ya no estresen a los trabajadores». La respuesta de Yenny desnudó la maniobra: «Aquí nadie estresa a los trabajadores. Nosotros cumplimos con la entrega del cemento según acordado en la primera reunión bajo la amenaza o condición que si no dábamos no harían nuestra cuadra… el maestro de obra pide 50, 100 bolsas, le damos, no hay ningún día que nos haya pedido y no le hayamos dado». ¿Cuál fue el remate del edil ante semejante denuncia de chantaje institucional? «Bacán, perfecto, ese es el camino… entendí mal entonces».
¿Cómo sostener el «nadie puso un centavo» ante las boletas de Grupo Famet S.A.C., que prueban S/ 15,290.50 pagados del bolsillo vecinal por 449 bolsas de cemento? Pero la comedia oficial se pulveriza con el «Acta de Entrega Voluntaria» del 25 de febrero de 2026: el Gerente Municipal, Carlos Zuta Cullampe, estampó su firma y sello oficial para recibir 200 bolsas, confesando por escrito que el «aporte» nació «a causa de la falta de presupuesto de la Municipalidad». ¿El detalle macabro? La vecina Huamán denunció que la supuesta reunión plasmada en ese documento jamás existió. Un acta fraguada, redactada entre cuatro paredes para maquillar administrativamente la extorsión en el Jr. Santa Ana.
Esta mala costumbre no es nueva. Es la misma maña que trajo de la UNTRM, donde pretendió hacer pasar canastas navideñas con vino y chocolates como «víveres de primera necesidad por la pandemia», ganándose una inhabilitación de la Contraloría. Zuta ha perfeccionado una matriz de impunidad semántica: cuando la ley dice prohibido, él lee «apoyo»; cuando la Contraloría sanciona, él lee «no es corrupción»; y cuando extorsiona vecinos para que paguen toneladas de cemento, él lee «contribución voluntaria». Un perverso malabarismo verbal no para transparentar, sino para encubrir.
En ese mismo chat, el alcalde desafió: «Asumo cualquier denuncia que creen que hay». Pues bien, la ciudadanía le tomó la palabra. Con boletas pagadas, váuchers certificados, los contundentes informes del OCI y el acta del Gerente Municipal sellada, la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción ya está sobre la mesa por presunta concusión, negociación incompatible y falsedad documental. Mientras tanto, el Concejo Municipal pretende lavarse la cara con «comisiones investigadoras» integradas por regidores procesados y cuestionados. ¿Con qué autoridad moral van a fiscalizar al alcalde quienes comparten su mismo modus operandi? Que no nos crean ingenuos.
Señor Zuta: sus palabras se las llevó el viento en la cinta inaugural del Jr. Piura, pero los papeles y los chats no se borran. En cada prueba que hoy está en manos de la Fiscalía no se lee a un alcalde «derecho», sino a un gestor que condicionó el desarrollo de Chachapoyas al bolsillo del pueblo al que juró servir.
