Una grave denuncia ha generado preocupación en la región Amazonas tras conocerse un informe interno que advertiría sobre el presunto retiro irregular de reactivos e insumos del Laboratorio del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas.
El caso salió a la luz a raíz del Informe N.° 0001-2026-LACD/TEC. LABORATORIO, suscrito por el técnico Luis Alberto Correa Duire, en el que se reporta un hecho ocurrido el 12 de junio de 2026. Según el documento, una persona ajena al hospital habría ingresado al área de Laboratorio para solicitar un kit de prueba rápida para VIH, sin presentar receta médica, orden de atención ni documento de identidad.
De acuerdo con el informe, el visitante manifestó que acudía por encargo de un trabajador identificado como Marcos García Rodríguez y con la autorización de una profesional del área. Sin embargo, el destinatario final del reactivo no habría sido identificado, lo que ha despertado serios cuestionamientos sobre el control de los insumos médicos.
La denuncia también pone en tela de juicio los mecanismos de supervisión y trazabilidad dentro del hospital. El hecho evidencia que los protocolos de control y el sistema informático Pakamuros Soft estarían siendo burlados o subutilizados, lo que permite que reactivos e insumos sean retirados como si se tratara de una bodega sin registro, afectando los bienes adquiridos con recursos públicos.
Diversos sectores consideran que, de confirmarse estas irregularidades, se estaría comprometiendo el abastecimiento de reactivos para los pacientes que acuden diariamente al establecimiento de salud, además de evidenciar posibles deficiencias en los controles internos.
En pocas palabras, ni los reactivos de VIH se salvan de la mano de los ladrones, gracias a un gobernador incapaz que mantiene a unos funcionarios ineptos.
Frente a estos hechos, se solicita que la Dirección del Hospital Regional Virgen de Fátima, la Gerencia Regional de Salud de Amazonas y el Ministerio Público realicen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido, determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales y garantizar que los recursos destinados a la atención de la población sean utilizados de manera transparente.
Fuente: Diario AHORA
