La permanencia del mayor PNP Carlos Alexis Rivas Rojas en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Chachapoyas viene generando preocupación y cuestionamientos en diversos sectores, luego de que trascendiera que el oficial continuaría desempeñando funciones en dicha dependencia pese a encontrarse inmerso en una investigación por presuntos delitos de hurto agravado y encubrimiento real.
El oficial fue recientemente intervenido en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como «Los Tarjeteros de Chimbote», situación que ha despertado el interés de la opinión pública debido a que los hechos materia de investigación estarían vinculados a una dependencia especializada precisamente en la lucha contra la criminalidad.
Según la información difundida, hasta el momento no se ha informado oficialmente si el efectivo policial ha sido separado temporalmente de sus funciones, reasignado a otra unidad o sometido a alguna medida administrativa mientras continúan las investigaciones.
Asimismo, se señala que el jefe de la Región Policial Amazonas, general PNP Vladimir Fidel Gamarra Palacios, aún no habría emitido un pronunciamiento público sobre la situación del oficial investigado ni sobre las acciones adoptadas por la institución para garantizar la transparencia del proceso.
Diversos sectores consideran que, dada la naturaleza del caso, resulta importante que la Policía Nacional informe oportunamente sobre las medidas administrativas implementadas, con el fin de preservar la confianza ciudadana y evitar cualquier percepción que pueda afectar la objetividad de las investigaciones.
En ese contexto, la ciudadanía espera que la institución policial brinde información oficial que permita conocer el estado administrativo del efectivo y las acciones adoptadas para asegurar que las diligencias se desarrollen con independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso.
Es importante precisar que la existencia de una investigación penal no implica responsabilidad ni culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público y, posteriormente, al Poder Judicial, determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales, respetándose en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia.
