Jindley Vargas
Bagua Grande, Utcubamba: La salud de un pueblo no puede arrancar sobre cimientos podridos. Lejos de ser un error de cálculo, el fracaso de nuestras obras públicas nace de un brutal negociado de expedientes técnicos mal hechos a propósito para repartirse la torta entre allegados y operadores del gobernante de turno.
El Hospital Santiago Apóstol es un ejemplo de este sistema de saqueo: un proyecto concebido con un expediente plagado de omisiones graves que ignoró una quebrada que atraviesa el terreno y pasó por alto normas técnicas elementales, pero avalado ciegamente por profesionales que, tras su recepción, se limitaron a parcharlo, escalando su presupuesto descaradamente hasta el hartazgo.
La UNOPS que se embolsilló cerca de 2 millones por conducir un primer proceso que terminó desierto, validó ese mamarracho técnico para asegurar su CAR (Convenio de Administración de Recursos) y cobrar más de S/ 23.6 millones por adelantado. Su excusa de los intereses en el JPMorgan es solo un cuento chino para tapar que la obra sigue postrada en manos de una empresa china y que Bagua Grande nuevamente fue burlada.
Pero el verdadero escándalo que quieren ocultar es un forado de por lo menos 60 millones de soles más que costará el hospital: unos 30 millones para corregir y sincerar el desastroso expediente que la UNOPS debió dejar impecable, y otros 30 millones adicionales solo en estructura para cumplir con la ineludible norma sismorresistente (E.030). Un reajuste monumental exigido por la cruda realidad técnica que desnuda la absoluta negligencia con la que se condujo el proyecto.
Ante este panorama, el gobernador y sus huestes se aferran a distraernos con trámites menores como el Depósito de Material Excedente (DME), aterrorizados de que su última carta para cubrirles las espaldas, su comodín promocionado como el muñeco de torta, pierda la segunda vuelta y su red de impunidad se desmorone por completo. Saben perfectamente que esta caja de Pandora los expone a un destape histórico y a un holocausto administrativo y judicial si pierden el poder.
Y en medio de este teatro de ineptitud y encubrimiento, salta a la escena la jugada más sospechosa del tablero político. Mientras una fiscalización seria, sin cálculos subalternos y con rigor técnico es liderada por la senadora Katherine Ampuero, de pronto reaparece la diputada Mery Infantes. Curiosamente, sin EPP’s ni charlas inductivas, en esta ocasión sí logró ingresar al área del hospital para dar declaraciones superficiales, convalidar un estudio de mecánica de suelos que debió haberse hecho antes de que el expediente sea aprobado y apresurarse a citar al gobernador a la Cámara de Diputados.
¿Acaso se trata de una coordinada maniobra de control de daños para apaciguar las aguas? ¿Es un pacto bajo la mesa para darle un libreto de preguntas cómodas al cuestionado mandatario regional y permitirle salir bien librado con su portátil mediática? ¿O es que el maquiavélico gobernador la está utilizando como peón para blindar a la UNOPS y bloquear una investigación de verdad, sin coordinar absolutamente nada con quienes sí conocen el expediente a fondo?
¿Acaso nos creen ciegos, sordos o tontos como para aceptar congresistas «apaga-fuegos» que busquen maniatar la verdad con interpelaciones de cartón?. Esperamos estar equivocados.
Lo cierto es que estamos ante una auténtica caja de Pandora que exige cuentas claras y los estados financieros de la UNOPS. El hospital se defiende con verdad y documentos, no con jaurías tarifadas ni farsas parlamentarias.
Y que se preparen, porque las verdaderas preguntas recién comienzan.
