El documento, que contiene 27 puntos sobre ambas materias, fue aprobado por 35 votos. Hubo, además, 18 votos en contra y 6 abstenciones.
Las bancadas de Juntos Por el Perú y Ahora Nación votaron en contra. (Foto: Congreso de la República)
Patricia Quispe – Perú 21
El pleno del Senado de la República aprobó esa tarde, por mayoría, el dictamen que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño por un plazo de 90 días.
Treinta y cinco legisladores votaron a favor, entre ellos el presidente del Senado, Miguel Torres. Hubo además 18 votos en contra y 6 abstenciones.
Votación facultades Senado
Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular votaron en bloque a favor del otorgamiento de facultades.
La votación del pedido de facultades, sin embargo, provocó la división de algunos grupos políticos como el del Partido del Buen Gobierno donde cinco de sus siete integrantes se abstuvieron. Ellos son: Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Daniel Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute. Dos votaron a favor: Juver Flores y Jorge Gavidia.
En el caso de Obras, en tanto, de sus cinco senadores, tres votaron a favor: Roger Astucuri, Daniel Barragán y Walter Gago; Juana Ticona marcó abstención mientras que Agripina Flores no votó por encontrarse de licencia por enfermedad.
Las bancadas de Juntos Por el Perú y Ahora Nación votaron en contra.
ASÍ SE DESARROLLÓ EL DEBATE
La sustentación del dictamen se inició poco después de las 10 de la mañana y estuvo a cargo del presidente del referido grupo de trabajo, Carlos Mesía, quien inició su intervención haciendo un llamado a sus colegas.
«Quiero hacer una invitación respetuosa, en particular a quienes tienen reservas o dudas sobre algunas materias; los invito a mantener apertura al diálogo, reflexión responsable, escuchar con respeto y formular nuestros aportes de manera constructiva», sostuvo.
Enseguida, el legislador por Fuerza Popular pasó a exponer los 27 puntos considerados para el otorgamiento de facultades comprendidos en las dos materias antes citadas.
En materia de seguridad ciudadana, Mesía refirió que entre las medidas aprobadas figura el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia para identificar anticipadamente amenazas y estructuras criminales, el reforzamiento de los controles migratorios, la identificación de personas y la prevención del fraude documental, así como los mecanismos de supervisión y debida diligencia empresarial para prevenir la utilización de personas jurídicas en actividades ilícitas.
Además, señaló que, a fin de controlar los medios e instrumentos de la criminalidad, «se dispone fortalecer el registro, la fiscalización y la trazabilidad de armas, municiones y explosivos y se endurece la respuesta frente a su tráfico y tenencia ilegal». Asimismo, se perfeccionan los mecanismos de identificación, geolocalización y bloqueo de celulares utilizados para delinquir, junto con las medidas de prevención de la ciberdelincuencia y el uso criminal de tecnologías digitales.
«Para contener el delito y proteger a la ciudadanía, se habilita la participación excepcional y subsidiaria de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales y amenazas graves al orden interno, bajo condiciones constitucionales y de protección de los derechos fundamentales. Paralelamente, se fortalece la protección jurídica de quienes ejercen legítima defensa mediante una presunción relativa de racionalidad de su actuación frente a una agresión ilegítima», añadió.
De otro lado, Mesía refirió que se han aprobado medidas para fortalecer las herramientas de investigación contra la extorsión, el sicariato, el secuestro, los delitos ilícitos y mejorar la coordinación policial y fiscal, la denuncia digital y los mecanismos tecnológicos de investigación. «Además, se contempla un registro de organizaciones criminales que emplean métodos de violencia propio del terrorismo, habilitando determinadas técnicas especiales de investigación, medidas patrimoniales y cooperación internacional, sin modificar el delito de terrorismo», indicó.
«Del mismo modo se establece la libertad vigilada pospenitenciaria para determinados delitos como el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada, con mecanismo de supervisión y registro destinados a prevenir la reincidencia y se fortalece la asistencia posterior al egreso de adolescentes en materia educativa, laboral, familiar y social, con la finalidad de favorecer su reinserción y reducir las condiciones que propician la continuidad delictiva», prosiguió.
En lo que respecta a la atención del fenómeno El Niño, Mesía comentó que se contempla el otorgamiento de facultades en 15 puntos entre los cuales figura darle facultad al Indeci para entregar directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a la emergencia.
También autorizar la adquisición, regularización y uso de terrenos e inmuebles estatales y la liberación de instalaciones que interfieran con las obras, así como la simplificación de permisos y autorizaciones para proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura. «Agilizar no significa eliminar controles ambientales, culturales, ni obviar, ni soslayar, ni menospreciar los derechos de los pueblos indígenas y originarios», subrayó.
Se amplían asimismo las obras y servicios por impuestos para prevención, defensa civil y recuperación, junto con procedimientos más ágiles para inversiones de emergencia para las familias damnificadas y se facilitan proyectos de vivienda social, su inscripción registral, bonos habitacionales y de arrendamiento, y soluciones temporales de agua y saneamiento con tarifa social, entre otros.
