Jindley Vargas
El reciente anuncio de implementar un sistema fast track (vía rápida) para salvar el colapsado proyecto del Hospital Santiago Apóstol no es una innovación en la inversión pública; es la categórica confesión de un fracaso administrativo y técnico.
Tras comprobarse que el expediente original es un instrumento inviable, plagado de omisiones críticas en geotecnia y geodinámica, la administración regional intenta disfrazar su desesperación con anglicismos de escritorio.
La historia se repite. Así como cuando la UNOPS declaró desierto el proceso primigenio y el Gobierno Regional de Amazonas dobló la apuesta entregando el proyecto a un opaco Convenio de Administración de Recursos (CAR), hoy recurren a la misma receta suicida.
Pretenden aplicar una modalidad de ejecución simultánea (fast track) eludiendo la responsabilidad de un expediente mal elaborado, y omitiendo deliberadamente los candados de la normativa que exige como requisito de procedencia que la modalidad haya sido prevista desde el requerimiento inicial del área usuaria y que se cuente con un avance mínimo del 30% en el diseño arquitectónico.
A esto se suma que el GRA carece de la experiencia contractual exigible de 2 obras bajo dicha modalidad, no cuenta con equipos certificados en la metodología BIM (Building Information Modeling), indispensable para gestionar la interoperabilidad y los flujos paralelos de ingeniería, y vulnera los principios de legalidad presupuestal.
Para consumar esta maniobra, la improvisación no solo exigirá engorrosas adendas al CAR y modificaciones al fideicomiso ante el MEF, sino también el acuerdo formal del Consejo Regional: un intento de legalizar a empujones un despropósito financiero que vulnera los parámetros iniciales.
Todo responde a una lógica de «morir matando». Se busca ocultar los escombros bajo la alfombra y ganar tiempo para blindar el cálculo político de su candidato en segunda vuelta, encubriendo las responsabilidades de una gestión incapaz.
Frente a este escenario, la conclusión es ineludible. Por un lado, se hace imperativo exigir una reingeniería profunda que replantee la planificación del Hospital Santiago Apóstol desde sus cimientos técnicos y garantice trazabilidad absoluta para que ningún gobierno vuelva a utilizar la salud de Amazonas como conejillo de indias.
Por otro lado, resulta alarmante el silencio complaciente de los ciudadanos notables de Utcubamba asi como de los líderes políticos y candidatos en contienda, cuya ausencia de posturas firmes evidencia un cálculo mezquino ante un derecho tan elemental.
La ciudadanía informada no puede seguir permitiendo que jueguen con sus necesidades; es hora de exigir definiciones claras y poner fin a los pactos de impunidad.
