AMAZONAS. Graves denuncias ciudadanas ponen bajo cuestionamiento la actuación de determinados trabajadores y extrabajadores de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas, ante presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de dinero para aprobar expedientes y facilitar el transporte de madera y fauna silvestre sin la documentación legal correspondiente.
Comuneros de las provincias de Bongará, Rodríguez de Mendoza, Luya, Bagua, Utcubamba y Condorcanqui han expresado su preocupación por supuestas malas prácticas de antiguos técnicos de esta dependencia regional, quienes, según las denuncias, estarían involucrados en cobros indebidos y presuntas facilidades para el traslado de productos forestales mediante guías adulteradas, conocidas popularmente como guías truchas.
Uno de los puntos señalados es el puesto de control de Corral Quemado, donde, según los denunciantes, se estaría permitiendo el tránsito irregular de camiones cargados de madera a cambio de presuntos pagos económicos.
Las alertas también alcanzan a las sedes de la ARA en Bagua, Santa María de Nieva, Rodríguez de Mendoza y Bongará, donde se solicita investigar posibles irregularidades en la tramitación de expedientes y el control forestal.
Los comuneros advierten, además, sobre un presunto mecanismo de lavado de madera mediante guías procedentes de regiones vecinas, que permitiría dar apariencia de legalidad a productos forestales de origen no acreditado, mientras los usuarios formales enfrentarían dificultades para realizar sus trámites.
¡EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, FEMA Y CONTRALORÍA!
Frente a estas denuncias, los pobladores solicitan la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Contraloría General de la República, para verificar la autenticidad de las guías forestales, investigar los presuntos cobros ilegales y determinar posibles responsabilidades.
Asimismo, exigen al Gobierno Regional Amazonas evaluar la actuación del personal cuestionado y garantizar que los puestos de control y las oficinas forestales estén a cargo de profesionales idóneos y transparentes.
La pregunta que corresponde formular es: ¿quién fiscaliza a los encargados de proteger nuestros bosques y controlar el transporte de madera en Amazonas?
Las denuncias requieren una investigación objetiva, documentada y oportuna. Hasta el momento, la información proporcionada no acredita responsabilidades individuales ni permite establecer que los hechos denunciados hayan sido comprobados.
Amazonas necesita una autoridad ambiental que proteja sus recursos naturales, garantice la legalidad del aprovechamiento forestal y responda con transparencia a las denuncias ciudadanas.
La palabra la tienen ahora las autoridades regionales y los organismos encargados de investigar y fiscalizar estos presuntos hechos.
