Condorcanqui.— Una crisis sin precedentes golpea al sistema de justicia en la Amazonía. Más de 800 investigaciones por agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampís se encuentran en grave riesgo de impunidad, luego de que el Ministerio Público dispusiera el despido de personal CAS clave en la provincia de Condorcanqui, alegando falta de presupuesto.
La medida ha desmantelado áreas estratégicas para la persecución penal y la atención integral a las víctimas. Entre las dependencias más afectadas figuran la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, que se queda sin personal administrativo para impulsar las investigaciones; la UAVIT (Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos), dejando a los menores sin soporte legal y psicológico; y la Fiscalía Provincial Penal, cuyas investigaciones quedan virtualmente paralizadas por la falta de apoyo operativo.
El impacto es inmediato y devastador. La Cámara Gesell, herramienta fundamental para la entrevista única que evita la revictimización y fortalece la prueba, queda en peligro de paralización por ausencia de personal especializado. Asimismo, la carga procesal se estanca: decenas de expedientes listos para formalización, acusación o diligencias urgentes enfrentarán retrasos críticos, favoreciendo la prescripción y la libertad de los agresores.
Organizaciones y defensores de derechos humanos advierten, además, una vulneración directa de los derechos de los pueblos indígenas, al incumplirse el deber del Estado de brindar protección reforzada a la niñez y adolescencia en contextos de especial vulnerabilidad. En la práctica, la falta de recursos económicos estaría convirtiéndose en un factor de encubrimiento institucional de la violencia sexual.
Análisis y exigencia pública:
Recortar justicia en Condorcanqui no es una decisión administrativa neutra: es una omisión con consecuencias irreparables para cientos de víctimas. La protección de la niñez no puede supeditarse a balances presupuestales. Resulta imperativo que el Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación restituyan de inmediato al personal y aseguren el funcionamiento pleno de las fiscalías y la UAVIT. La justicia para nuestros niños y adolescentes no se recorta: se garantiza.
Fuente: Condorcanqui informa Amazonas
