Amazonas.— La crisis del III Eje Vial Amazonas adquiere una dimensión internacional. Según un recorte periodístico del diario Expreso, edición del 27 de enero, la empresa China Gezhouba Group, vinculada al gobierno chino y accionista mayoritaria (55%) del Consorcio Vial Kuelap, habría cobrado más de S/ 315 millones por la ejecución del proyecto, sin entregar una carretera operativa ni resultados concretos para la región.
El informe periodístico revela que, durante la segunda gestión del gobernador Gilmer Horna Corrales, el Consorcio Vial Kuelap —integrado por Gezhouba— recibió millonarios desembolsos del Gobierno Regional de Amazonas (GOREA) para la ejecución del corredor vial que une Chachapoyas, Bongará y Luya, sin embargo, la obra terminó paralizada, con tramos abandonados y poblaciones aisladas.
Accionista mayoritario, responsabilidades mayores
De acuerdo con la información publicada, Gezhouba posee el 55 % de participación accionaria en el consorcio responsable del proyecto, lo que la convierte en principal responsable técnica y financiera de la ejecución. Pese a ello, la carretera permanece inconclusa, mientras transportistas, productores, estudiantes y pacientes sufren a diario las consecuencias del colapso vial.
El diario Expreso también advierte que la empresa no habría cumplido obligaciones tributarias como el pago a SUNAT, sumando un nuevo frente de cuestionamientos a su permanencia y operaciones en el país.
PIA 2026 en cero y arbitraje en puerta
El fracaso del proyecto ya tiene efectos concretos: el Gobierno Central no asignó recursos al GOREA en el PIA 2026, como consecuencia directa de la incapacidad de culminar obras emblemáticas. Además, la rescisión contractual abre la puerta a largos procesos arbitrales, que podrían extenderse por años, manteniendo judicializada la carretera y profundizando el perjuicio a la población.
Exigen control y responsabilidades
Diversos sectores ciudadanos demandan ahora:
Auditoría integral del proyecto III Eje Vial.
Investigación fiscal por presunto uso irregular de fondos públicos.
Control político del Congreso de la República.
Determinar responsabilidades no solo del consorcio, sino también de los funcionarios regionales que aprobaron pagos, ampliaciones y valorizaciones sin resultados.
Opinión informativa:
Que una empresa extranjera ligada a un gobierno cobre cientos de millones y deje una región incomunicada no es solo un fracaso contractual: es una vergüenza institucional que compromete la imagen del Estado peruano y golpea directamente a la población amazónica.
Fuente: César Rojas – Expreso
