La Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas confirmó que los constantes apagones que afectan a las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Bongará responden a deficiencias estructurales en la operatividad de la empresa Electro Oriente.
El director regional, ingeniero Edwin Mori Llanka, señaló que el principal problema radica en la falta de personal técnico en campo, lo que impide realizar trabajos adecuados de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica, situación que viene generando interrupciones recurrentes del servicio.
Indicó además que esta problemática ya fue expuesta ante la gerencia de la empresa en Iquitos, donde se asumió el compromiso de reforzar el personal mediante servicios tercerizados; sin embargo, los resultados aún no se reflejan en una mejora del servicio.
Frente a este escenario, la autoridad regional no descartó medidas de fondo, como el posible retorno de la administración eléctrica a Electronorte o la creación de una nueva empresa regional denominada Electroamazonas, que sería incorporada al grupo Distriluz con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y cercana a los usuarios.
Asimismo, se informó que existen problemas adicionales en zonas rurales como Pizuquia, donde el suministro eléctrico depende de una red extensa y antigua, con más de 200 kilómetros de recorrido desde su punto de origen, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema.
En este sector, un proyecto de interconexión energética financiado por el Gobierno Regional, con una inversión cercana a los 8 millones de soles, se encuentra actualmente paralizado por problemas administrativos, retrasando una solución definitiva para la población.
El funcionario también cuestionó la falta de mantenimiento preventivo en equipos clave, advirtiendo que muchas de las fallas registradas podrían haberse evitado con intervenciones oportunas en subestaciones y redes de distribución.
Finalmente, se recordó que las tarifas eléctricas no son fijadas por la empresa concesionaria, sino por el organismo regulador Osinergmin, por lo que los reclamos ciudadanos deben enfocarse en la calidad del servicio.
La situación evidencia una crisis energética en la región, que impacta directamente en la vida cotidiana de la población y en el desarrollo de actividades económicas y sociales.
