Por: Jindley Vargas
En el Perú, la corrupción no necesita sentencias para ser recordada: basta un apodo. El congresista que infló una boleta de pollo quedó marcado como el “come pollo”; la parlamentaria que se colgó del cable sin pagar, como la “roba cable”; y la funcionaria que rindió viáticos con una boleta de ferretería, como la “come clavos”. Cada alias es un epitafio de la desvergüenza criolla.
Hoy, Chachapoyas aporta su propio capítulo a esta tragicomedia: el alcalde y sus funcionarios, fueron rebautizados como los “come cemento”. No porque desayunen mezcla y ladrillos, sino porque devoraron la confianza ciudadana con la misma voracidad con que arrancaron bolsas de cemento a los vecinos. El Órgano de Control Institucional lo confirmó: 499 bolsas exigidas y recibidas, pese a que el material ya estaba presupuestado y financiado.
La escena es tan absurda como dolorosa: obras con financiamientos asegurados, carteles que maquillan cifras y vecinos presionados con el chantaje de que “si no colaboran, no se hace”. En un lado, las cuadras privilegiadas que no dieron ni una bolsa; en el otro, familias que tuvieron que sacar dinero de su bolsillo para cumplir con una exigencia disfrazada de participación. Lo que se vendió como cooperación terminó siendo una forma elegante de extorsión. El patrón es inconfundible: trato desigual, abuso institucional y corrupción vestida de civismo, una puesta en escena donde el cemento no une calles, sino la indignación de quienes fueron usados para financiar la vanidad de una gestión que confundió autoridad con abuso.
La pregunta que corroe como ácido es inevitable: ¿a dónde fueron a parar las bolsas entregadas por los vecinos? Si el cemento ya estaba contemplado en los expedientes técnicos, ¿qué fin tuvieron esos aportes paralelos? La sospecha ciudadana apunta a que sirvieron para cubrir gastos particulares, ceremonias o favores políticos. Cada bolsa es un símbolo de abuso, cada “colaboración” forzada es una cicatriz de la gestión.
El destape no deja espacio para la indiferencia: la exigencia es ineludible, clara y justa. La Contraloría debe revisar cada cuadra, porque esto no fue un error aislado, sino un patrón de chantaje que alcanzó a más familias y convirtió la obra pública en un negocio privado. La Fiscalía tiene que abrir procesos de deslinde y sanción para que los responsables no se escapen entre papeles y discursos vacíos. Y la municipalidad, encabezada por el alcalde y sus huestes, los ya célebres “come cemento”, debe devolver de inmediato cada bolsa arrancada o su valor económico, porque detrás de ese material no hay mezcla ni ladrillos, sino el sacrificio de vecinos que fueron obligados a pagar por lo que ya estaba financiado. Es hora de que la justicia mezcle su propio concreto y selle, de una vez por todas, las grietas de esta gestión que devoró la confianza ciudadana.
La gestión municipal está de salida, pero su epitafio ya está escrito: los come cemento. No dejarán legado de gloria, sino un recuerdo de abuso y despilfarro. Y cada vez que alguien mencione la pavimentación de Chachapoyas, no se hablará de adoquines ni veredas, sino de la tragicomedia de un alcalde y sus huestes que devoraron la confianza ciudadana a punta de bolsas de cemento.
