En una intervención cargada de cuestionamientos y denuncias, el Medico Marcos Garabito, representante del cuerpo médico del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas expresó su contundente rechazo frontal a la gestión de las autoridades regionales, acusándolas de improvisación, falta de conocimiento del sector salud y presuntas irregularidades administrativas.
Durante la reunión, uno de los voceros criticó duramente al gerente general del Gobierno Regional, señalando una contradicción entre su discurso y sus declaraciones fuera del ámbito formal. Según indicó, mientras públicamente afirma respaldar al sector salud, en otros espacios habría calificado a los médicos como “haraganes” y cuestionado la permanencia de profesionales mayores de 50 años.
El pronunciamiento dejó en claro que el gremio no se opone a los cambios, pero enfatizó que estos deben orientarse a mejorar el sistema, incluso si ello implica la salida de actuales autoridades, incluyendo funcionarios del sector salud regional.
Uno de los ejes centrales de la crítica fue la falta de presupuesto. Se recordó que el hospital arrastra una deuda de aproximadamente 25 millones de soles desde años anteriores, situación que —según afirmaron— ha impedido garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. En ese sentido, se advirtió que cualquier cambio de dirección será inviable si no se asegura previamente un financiamiento adecuado.
Asimismo, se denunció la vulneración del derecho constitucional a la salud, señalando que la precariedad del sistema afecta directamente a la población. A ello se suma, según indicaron, el incumplimiento de la Ley General de Salud, que obliga al Estado a garantizar condiciones adecuadas para la atención médica.
El discurso también abordó antecedentes de crisis institucional, como el intento de cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en gestiones anteriores, atribuido a la falta de presupuesto, lo que generó protestas del cuerpo médico.
Uno de los puntos más delicados fue la denuncia sobre la designación de una funcionaria que, según se afirmó, no cumplía con los requisitos legales establecidos por la normativa del servicio civil. Se indicó que dicha profesional no se encontraba habilitada al momento de asumir el cargo, lo que —según el pronunciamiento— invalidaría los actos administrativos firmados durante su gestión.
Además, se cuestionó que esta funcionaria estaría ejerciendo atribuciones que no le corresponden, al no existir formalmente un director ejecutivo, lo que configuraría una presunta usurpación de funciones. Ante ello, se advirtió que las autoridades involucradas podrían enfrentar acciones legales, señalando incluso que ya se habrían iniciado coordinaciones con instancias del Ministerio de Salud y asesoría legal externa.
Finalmente, los médicos reiteraron que esta es la tercera reunión sostenida con autoridades sin resultados concretos, calificando el proceso como “discusiones bizantinas” sin soluciones reales. En ese contexto, exigieron decisiones inmediatas, transparencia en la gestión y respeto a la normativa vigente.
El pronunciamiento concluyó con un mensaje contundente: sin presupuesto, sin legalidad en las designaciones y sin una gestión técnica adecuada, el sistema de salud en Amazonas continuará en crisis, afectando directamente a la población más vulnerable.
