Jindley Vargas
CHACHAPOYAS: Ya no cabe duda de que operar con impunidad técnica y administrativa es el sello distintivo en los trabajos de la gestión Zuta. El caso de la cuadra 13 del Jirón Salamanca es la muestra perfecta de cómo una obra pública, con financiamiento asegurado al 100%, puede transformarse en un compendio de anomalías que van desde presuntas irregularidades con los insumos hasta el colapso prematuro de la infraestructura.
El historial del proyecto refleja un patrón alarmante. Tras las denuncias públicas sobre presuntas coacciones para desviar bolsas de cemento, la respuesta de los denominados «come cemento» no fue la corrección ni el deslinde, sino el apresuramiento de los trabajos en medio de tensiones, pronunciamientos y cartas notariales contra los residentes. El resultado en campo habla por sí solo: adoquines mal asentados, deficiencias severas en la compactación y un sellado de juntas tan precario que la naturaleza terminó haciendo el trabajo de fiscalización que el municipio sencillamente obvió.
Bastaron las modestas lluvias de la segunda quincena de julio para dejar al descubierto la fragilidad de la vía. El agua erosionó rápidamente la arena de sello y desnudó el colapso estructural en pistas y veredas. Pese a que han transcurrido dos semanas desde que las evidencias quedaron al descubierto y fueron puestas en conocimiento de las autoridades ediles, la inacción municipal mantiene el proyecto en un absoluto limbo técnico e institucional.
Las deficiencias constructivas revelan que el punto crítico radica en la cadena de mando. El presupuesto aprobado incluía partidas específicas para un Ingeniero Residente a cargo de la ejecución y un Supervisor responsable de la calidad. Sin embargo, el silencio sobre dónde estuvieron ambos profesionales mientras se aplicaban pésimas técnicas de sellado o se gestionaban irregularmente los materiales, ensombrece aún más el panorama e incrementa las sospechas sobre su verdadero rol en el proyecto.
Ante la imposibilidad de entregar una obra visiblemente deteriorada antes de su recepción oficial, la responsabilidad recae de forma directa en el sillón municipal. Esto abre una interrogante inevitable para la ciudad: ¿quién financiará las reparaciones de este desastre técnico? Resulta inaceptable que los recursos públicos y las calles de la ciudad sirvan de conejillo de indias para que ingenieros y maestros de obra vengan a hacer sus pininos a costa del bolsillo de los ciudadanos.
La gestión edil tiene la obligación de deslindar responsabilidades penales y hacer ejecutar las garantías contractuales de inmediato, o asumir formalmente el costo político y fiscal de ser cómplice de un proyecto que se desmorona a la vista de todos.
