Jindley Vargas
La crisis del agua potable en Chachapoyas no es un episodio aislado ni reciente. Desde hace años, venimos denunciando la negligencia de las autoridades y la incompetencia de la empresa prestadora de servicios.
No hablamos desde la especulación, sino desde la verificación directa: visitamos la bocatoma en Tilacancha, recorrimos la línea de conducción y la planta de tratamiento en El Prado, donde obtuvimos información veraz e indubitable. Además, sostuvimos reuniones técnicas en la municipalidad, el gobierno regional y el OTASS, buscando soluciones que nunca llegaron. Memoriales, notas de prensa y marchas han sido prueba de una vigilancia ciudadana que no se resigna a la precariedad.
El gobierno local existe para representar al vecindario y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos; en esa línea, el alcalde, como máxima autoridad administrativa, debe defender los derechos de la ciudad y de sus vecinos. Sin embargo, él y sus regidores, pese a ser permanentemente increpados, guardan silencio abdicando de su deber.
La paradoja es brutal: mientras nosotros actuamos, gran parte de la población, aun con sus ollas y baldes vacíos, prefirió la indiferencia y la defensa de los responsables de esta calamidad antes que sumarse a la lucha.
Mientras tanto, la EPS, que debe abastecer agua potable con calidad, cantidad y continuidad, ha convertido el servicio en una estafa: por años nos viene cobrando no solo por agua, sino también por aire, en abierta burla a la dignidad ciudadana.
La conducción de EMUSAP por el OTASS debía garantizar estabilidad y proyección; sin embargo, la empresa ha involucionado, incapaz de resolver lo básico y mucho menos de planificar el acelerado crecimiento de la ciudad y del distrito de Huancas. En lugar de fortalecer el servicio, se ha concentrado en engrosar su aparato administrativo con más personal de oficina que operativo en campo, mientras persigue la política de integración de más localidades.
Esta estrategia, presentada como expansión, se percibe como una burocratización sin resultados tangibles: se busca absorber más ciudades cuando ni siquiera se garantiza continuidad, calidad ni transparencia en Chachapoyas. La crisis actual no es un accidente, sino el resultado de años de negligencia institucional y de autoridades que han olvidado su razón de ser.
En este contexto, toca seguir increpando a las autoridades de turno para que, en el ocaso de su gestión, intenten al menos un gesto de redención. No pueden abdicar e irse sin responder a la crisis que han ignorado: la dignidad ciudadana exige cuentas, porque la indiferencia oficial es una traición que no se olvida.
Pero la exigencia no se limita a ellos: también alcanza a los ciudadanos que se quejan en redes sociales y grupos de WhatsApp, pero que cuando se les convoca a movilizaciones brillan por su ausencia. Esa pasividad es tan dañina como la negligencia de las autoridades. La defensa del agua requiere presencia en las calles, firmas en los memoriales y voz colectiva que no se esconda detrás de pantallas.
Y en el proceso electoral que se avecina, corresponde interpelar a los candidatos, que durante la crisis también se mantuvieron indiferentes. A ellos no se les puede tolerar discursos de ocasión ni promesas huecas: se les debe exigir un plan estructural que una fuerzas y coordine instituciones, que supere las divisiones políticas y se comprometa de verdad con la dignidad ciudadana.
Porque el agua no admite improvisaciones ni cálculos electorales: exige compromiso real, transversal y sinérgico. El agua no es un favor ni una dádiva: es un derecho fundamental, y su negación constituye una afrenta directa a la dignidad de todo un pueblo.
Conciudadano, ¿estás dispuesto, como poblador de Chachapoyas, a retomar las luchas por la reivindicación de tus derechos?
Te leo…
