Jindley Vargas
Ante la difusión de mis reportes de investigación y fiscalización social que vienen poniendo al descubierto severas irregularidades, sobrecostos y el prematuro colapso en las obras de pavimentación de nuestra ciudad, como lo he demostrado con evidencias de campo, registro audiovisual y criterio técnico en mi reciente destape sobre la Cuadra 13 del Jr. Salamanca: la “joya” de los “come cemento”, me dirijo a la opinión pública para informar lo siguiente:
Que, la señora Gledis Mirano Mazuelos, quien se desempeña como Presidenta del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chachapoyas, cargo de confianza para el cual fue designada mediante Resolución de Alcaldía N.° 425-2025-MPCH de fecha 31 de diciembre de 2025, me ha remitido las Cartas Notariales N.° 331-2026 y N.° 332-2026, requiriendo precisiones y rectificación sobre las menciones vertidas hacia su persona en el contexto de mis denuncias sobre el flujo de insumos y materiales en dichas obras.
Al respecto, firme en mi estilo incisivo, directo y riguroso frente a la administración de los recursos del pueblo, pero actuando en estricto amparo del derecho fundamental de participación y control ciudadano recogido en la Constitución Política del Perú, emito las siguientes PRECISIONES Y ACLARACIONES INFORMATIVAS:
1. SOBRE EL RIGOR INFORMATIVO Y LA PRECISIÓN LEGAL (En atención a las Cartas N.° 331-2026 y N.° 332-2026):
• Respecto a la primera comunicación (Carta N.° 331-2026): En el análisis sobre la obra del Jr. Miraflores y Pasaje Los Ángeles, las referencias a la titular de la entidad y a la institución que preside se sustentan en un hecho objetivo y de conocimiento público: la colindancia geográfica directa entre la zona de trabajo de la obra y el Cementerio General, predio bajo la administración de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chachapoyas.
En este contexto, la vinculación formulada por el suscrito en calidad de Presidente del FREDDICH responde estrictamente a la labor de fiscalización sobre el flujo, traslado e intercambio de materiales e insumos entre la obra ejecutada y la infraestructura colindante administrada por la entidad a su cargo. Formular interrogantes, hipótesis técnicas o pedir cuentas sobre el manejo de bienes en el entorno de una obra pública no constituye una imputación penal personal, sino el ejercicio legítimo del control social sobre el uso de recursos del Estado.
• Respecto a la segunda comunicación (Carta N.° 332-2026): En el marco de la difusión de capturas de pantalla y conversaciones vecinales sobre las cuotas cobradas en las obras, aclaro que las menciones vertidas correspondieron a la difusión de los mensajes y coordinaciones recibidos por los propios moradores. Preciso que no le he atribuido la autoría formal ni la comisión de delito alguno; incluso, cabe resaltar que la propia remitente reconoce en su requerimiento notarial los hechos materia de fiscalización como una «supuesta» extorsión vecinal, lo que confirma el carácter condicional e hipotético de la controversia y ratifica que los hechos se mantienen en el fuero de la denuncia social bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
• Aclaración general: Preciso que mis juicios de valor, interrogantes y análisis crítico respecto a la gestión de insumos, balances o conversaciones corresponden al ejercicio del derecho a las libertades de información y expresión sobre asuntos de interés público, y no constituyen la imputación formal de delitos hacia persona alguna, al no existir a la fecha una sentencia judicial firme, manteniéndose tales materias en el fuero de las investigaciones correspondientes.
2. SOBRE MI COMPROMISO DE FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL E IMPARCIAL:
Como Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Chachapoyas (FREDDICH) y fiscalizador ciudadano, mi labor se ha caracterizado siempre por la independencia, la objetividad y el sustento probatorio. No realizo ataques personales; mi trabajo consiste en investigar, exponer ante la opinión pública y recurrir a las instancias competentes, como el Concejo Municipal, el Consejo Regional, la Defensoría del Pueblo, el Órgano de Control Institucional (OCI), las Fiscalías de Prevención del Delito y la Fiscalía Anticorrupción, para advertir irregularidades, tutelar los derechos de la ciudadanía y exigir que se fiscalice y sancione la mala praxis en la administración pública.
Quienes conocen mi trayectoria en la defensa de los intereses de nuestra provincia y región saben que mis denuncias han sido y seguirán siendo incisivas, directas y rigurosas, caiga quien caiga y sin importar la institución o el rango del funcionario. Mi compromiso habla con hechos y denuncias de gran envergadura, siendo solo algunas de ellas las siguientes:
• En la Municipalidad Provincial de Chachapoyas: Expuse las designaciones irregulares de funcionarios, hechos que fueron plenamente ratificados por el propio OCI, e inclusive denuncié penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción al Alcalde, a los Regidores, al primer Gerente Municipal y a funcionarios clave por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (como Nombramiento y Aceptación Ilegal del Cargo, Falsedad Ideológica, Omisión de Actos Funcionales y Negociación Incompatible), al haberse presentado y convalidado certificados con información falsa para burlar los perfiles de idoneidad exigidos por la ley de la materia.
• En la DIRESA Amazonas: Desde la presidencia del FREDDICH denuncié las graves irregularidades en la adquisición directa de 25 ambulancias por un monto superior a los S/ 8.9 millones adjudicadas al Consorcio La Unión. Esta acción penal fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobernador Regional, el Director de la DIRESA y los empresarios por los delitos de Colusión Agravada, Falsedad Genérica, Uso de Documento Falso y Negociación Incompatible, al haberse evidenciado el presunto direccionamiento de la buena pro, el otorgamiento ilegal de un adelanto de S/ 2.6 millones mediante cartas fianzas falsas y el pago de prestaciones sin la entrega de los vehículos.
• En el Proyecto Campo Ferial Yerbabuena (La Jalca): Denuncié ante la Fiscalía Anticorrupción al Gobernador Regional, al Gerente General, al Gerente de Infraestructura y al contratista por Colusión Agravada, Falsedad Ideológica y Uso de Documento Falso. Demostramos que la empresa contratista se adjudicó S/ 869 mil presentando contratos fraguados y certificados firmados por personas fallecidas desde el 2013. A pesar de que el Área de Fiscalización Posterior probó el fraude y se tramitó la nulidad, los funcionarios del GOREA emitieron informes express para forzar la “continuidad” del contrato nulo, configurando un evidente contubernio en perjuicio del Estado.
Ningún requerimiento notarial, sea dirigido a mi persona o a los vecinos que valientemente alzan su voz contra el abuso, desviará mi foco principal: vigilar el dinero de los contribuyentes y exigir cuentas claras en cada sol invertido en la infraestructura de nuestra ciudad.
Reafirmo ante el pueblo de Chachapoyas que la fiscalización ciudadana es un derecho constitucional inalienable y que el ejercicio legítimo de fiscalizar la función pública supera cualquier intento de acallamiento. Continuaré fiscalizando las obras públicas y llevando los actuados ante las instancias correspondientes, con la verdad, las pruebas, los peritajes de ingeniería y el respaldo de la ciudadanía.
Chachapoyas, agosto de 2026
Jindley Vargas Zumaeta
