Gobierno incorpora fiscales a operativos contra el crimen organizado para rastrear dinero ilegal

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
X
Telegram

El premier Luis Galarreta destacó el trabajo de esta instancia permanente, mientras el Ejecutivo y el Ministerio Público acordaron reforzar la presencia fiscal en operativos contra la delincuencia.

La comisión multisectorial busca eliminar obstáculos que dificultan las acciones del Estado contra el crimen organizado. (Imagen: Difusión)

Juan Castro – Perú 21

La lucha contra el crimen organizado en Perú cuenta con una comisión multisectorial de alto nivel encargada de coordinar acciones entre instituciones del Estado y abordar los obstáculos que dificultan su intervención. Este sábado 7 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la creación de este grupo de trabajo y los acuerdos alcanzados con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones contra las organizaciones criminales.

Como parte de las acciones anunciadas, el Ejecutivo y la Fiscalía acordaron incorporar representantes del Ministerio Público a los operativos del Comando Unificado. La participación de estos funcionarios busca fortalecer las investigaciones y facilitar el seguimiento de los recursos económicos utilizados por las organizaciones delictivas.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Galarreta sostuvo que la coordinación entre las entidades permitirá dirigir los esfuerzos hacia quienes financian las actividades criminales.

«Con inteligencia y coordinación vamos detrás de quienes financian las organizaciones criminales y ponen el terror en las calles», afirmó el jefe del Gabinete Ministerial.

¿Qué funciones cumple la comisión contra el crimen organizado?

La comisión multisectorial de alto nivel es una instancia permanente encargada de articular, coordinar y supervisar el seguimiento de las medidas del Ejecutivo destinadas a fortalecer el orden interno y enfrentar la criminalidad.

Entre sus responsabilidades figura promover el intercambio de información entre instituciones públicas y privadas, elaborar propuestas para mejorar la respuesta estatal y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Este grupo de trabajo también tiene la facultad de convocar a otras entidades para recibir información y conocimientos especializados que contribuyan a las acciones contra las redes delictivas.

Artículos relacionados: