AMAZONAS. La minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras continúan expandiendo su influencia en la Amazonía peruana, poniendo en riesgo a comunidades indígenas y debilitando la presencia del Estado en extensas zonas del territorio nacional. Así lo advierte el informe “La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú”, presentado recientemente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El estudio, elaborado por Amazon Watch en coordinación con organizaciones indígenas, alerta sobre el crecimiento sostenido de diversas economías ilícitas que han fortalecido su capacidad de operación y control territorial durante los últimos años, especialmente en regiones amazónicas donde la presencia estatal resulta limitada.
Según los especialistas, la situación exige medidas urgentes por parte del próximo gobierno, siendo una de las principales prioridades la recuperación del control estatal en las zonas más afectadas por actividades ilegales durante los primeros 100 días de gestión presidencial.
El documento sostiene que la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras ha generado impactos directos sobre las comunidades nativas, que enfrentan problemas relacionados con invasiones de territorios ancestrales, deforestación acelerada, instalación de infraestructura vinculada a organizaciones criminales y la proliferación de cultivos ilícitos.
Los autores del informe señalan que la falta de una estrategia integral de seguridad y desarrollo ha permitido que estas actividades se consoliden en corredores estratégicos de la Amazonía peruana. Asimismo, advierten que determinadas modificaciones normativas aprobadas en los últimos años habrían reducido la capacidad de fiscalización y respuesta del Estado frente a estas amenazas.
Entre las propuestas planteadas destacan el fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios más vulnerables, una mayor articulación entre las instituciones encargadas de la seguridad, justicia y control ambiental, así como la implementación de mecanismos permanentes de coordinación con las organizaciones indígenas que realizan labores de vigilancia y protección territorial.
Durante la presentación del estudio también se destacó el papel que cumplen diversas iniciativas impulsadas por los propios pueblos indígenas para enfrentar el avance de las economías ilegales. Entre ellas figuran la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo de Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica de Junín, experiencias que han logrado fortalecer la defensa de sus territorios frente a actividades ilícitas.
Los especialistas advirtieron que, de no adoptarse decisiones urgentes, el crimen organizado podría consolidar aún más su influencia en la Amazonía peruana, comprometiendo no solo la seguridad de las comunidades indígenas, sino también la conservación de los bosques, la gobernabilidad y el desarrollo sostenible de una de las regiones más importantes del país.
El informe plantea que la lucha contra estas amenazas debe convertirse en una política de Estado que combine seguridad, protección ambiental, respeto a los derechos indígenas y presencia efectiva de las instituciones públicas en los territorios amazónicos.
