Chachapoyas: El caso que involucra al mayor PNP Carlos Alexis Rivas Rojas, investigado por los presuntos delitos de hurto agravado y encubrimiento real, dio un nuevo giro luego de que el oficial presentara una denuncia ante la DEPINCRI Chachapoyas contra los efectivos policiales que participaron en su intervención y contra el representante del Ministerio Público que dirigió las diligencias, alegando supuestas irregularidades durante el procedimiento.
Según el documento al que se tuvo acceso, el oficial sostiene que las actas en las que reconoce los hechos que se le atribuyen habrían sido firmadas bajo presunta coacción. Asimismo, afirma que las diligencias no se desarrollaron de manera regular y que incluso suscribió un acta de terminación anticipada siguiendo la recomendación de quien en ese momento ejercía su defensa legal.
De acuerdo con la versión del investigado, antes de firmar la documentación consultó con su abogado, quien le habría indicado que debía hacerlo si pretendía recuperar su libertad. También trascendió que el abogado que inicialmente lo acompañó durante las diligencias fue posteriormente reemplazado por otro defensor.
La denuncia incorpora imputaciones por los presuntos delitos de coacción y falsedad genérica, buscando que se investigue la actuación de los policías intervinientes y del fiscal a cargo del caso.
No obstante, este nuevo escenario abre un debate de enorme trascendencia institucional. Si la defensa del mayor PNP sostiene que fue obligado a firmar documentos dentro de una dependencia policial, corresponde que los órganos de control y el Ministerio Público esclarezcan de manera objetiva si tales afirmaciones tienen sustento o no.
La importancia de esta denuncia trasciende el caso particular. Si un oficial de la propia Policía Nacional afirma haber sido presuntamente coaccionado durante una diligencia oficial, surge una interrogante que preocupa a la ciudadanía: ¿quién garantiza que un ciudadano común no pueda enfrentar una situación similar durante una investigación policial?
Por ello, especialistas consideran indispensable que el Ministerio Público actúe con absoluta transparencia e independencia, verificando cada una de las actuaciones realizadas durante la intervención. Si las acusaciones carecen de fundamento, deberán descartarse conforme a ley; pero si existieran irregularidades, estas también deberán ser investigadas y sancionadas.
Mientras tanto, el proceso penal contra el mayor PNP continúa y será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.
